El diputado del PNV Mikel Legarda reclamará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la próxima sesión de control del Pleno del Congreso del miércoles, que detalle de qué manera piensa hacer frente a “la constante noticia de agresiones con armas blancas en lugares de uso público”.
La iniciativa registrada por Legarda, a la que ha tenido acceso Europa Press, se formula tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco, después de la reunión celebrada a finales de marzo entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez. En dicho encuentro se acordó el “endurecimiento y clarificación del régimen de control y sanción del porte de armas blancas en espacios públicos”, un asunto que, según subrayó el jefe del Gobierno vasco, genera especial inquietud en el ocio nocturno, las fiestas populares y el transporte público.
El pacto contempla igualmente la reforma del Reglamento de Armas con el fin de acotar ambigüedades y facilitar su aplicación práctica, la instalación de señalización visible en espacios públicos para advertir a la ciudadanía de esta prohibición, la puesta en marcha del Registro Central de Infracciones de Seguridad Ciudadana, al que tendrá acceso la Ertzaintza, así como el “impulso de reformas normativas para mejorar la respuesta frente a la reiteración delictiva”.
Un reglamento de armas desfasado
En la actualidad, el marco legal se apoya en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que tipifica como infracción grave portar, exhibir o utilizar armas prohibidas, y en el Reglamento de Armas de 1993. Este último presenta limitaciones operativas, ya que se basa en la longitud del arma y veta bastones estoque, puñales de cualquier clase, navajas automáticas y hojas superiores a 11 centímetros.
El Gobierno vasco ya había advertido de que este entramado legal resultaba insuficiente. De hecho, el pasado 20 de marzo el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, reclamó al Ejecutivo central una modificación de la norma con el fin de vetar “completamente” el porte de armas blancas en zonas de ocio nocturno, en los medios de transporte y sus accesos, así como en espacios públicos o festivos donde se concentran grandes multitudes.
Otras administraciones, como el Ayuntamiento de Madrid, también llevan tiempo demandando un refuerzo de la regulación sobre armas blancas debido al aumento de decomisos de machetes empleados en incidentes vinculados a bandas latinas.
A finales de febrero, el PP registró en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a elaborar “urgentemente” un plan integral de actuación ante el incremento del uso de armas blancas. Entre sus propuestas figuran revisar y ampliar el catálogo de armas prohibidas, actualizar las normas sobre su adquisición o acceso y modificar el Código Penal para endurecer las penas asociadas a su uso.
El PNV ya había llevado este debate al Parlamento en 2007, cuando presentó en el Congreso una moción en la que instaba al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a prohibir la tenencia de armas blancas a menores de edad y a personas con antecedentes penales. En la actualidad, la legislación solo impide la compra y la tenencia de armas blancas a menores de 18 años, pero no contempla la existencia de antecedentes penales como condición para vetar su posesión.