El portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, interpelará este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la sesión de control del Pleno del Congreso, para que detalle qué actuaciones prevé ante “la constante noticia de agresiones con armas blancas en lugares de uso público”.
La iniciativa se formula tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco, fruto de la reunión celebrada a finales de marzo entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez. En dicho pacto se contempla el “endurecimiento y clarificación del régimen de control y sanción del porte de armas blancas en espacios públicos”, un asunto que, según subrayó el jefe del Gobierno vasco, genera especial inquietud en el ocio nocturno, las fiestas populares y el transporte público.
El documento acordado prevé además la reforma del Reglamento de Armas para eliminar ambigüedades y facilitar su aplicación, la instalación de señalización visible en zonas públicas que advierta a la ciudadanía de esta prohibición, la creación del Registro Central de Infracciones de Seguridad Ciudadana —al que tendrá acceso la Ertzaintza— y el “impulso de reformas normativas para mejorar la respuesta frente a la reiteración delictiva”.
Actual marco legal y propuesta de cambios
En la actualidad, el marco jurídico se apoya en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que tipifica como infracción grave portar, exhibir o utilizar armas prohibidas, y en el Reglamento de Armas de 1993. Este reglamento, basado en el tamaño del arma, limita la intervención a bastones estoque, puñales de cualquier clase, navajas automáticas y hojas que superen los 11 centímetros.
El Gobierno vasco ya había advertido de que este marco resultaba insuficiente. El pasado 20 de marzo, el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, reclamó al Ejecutivo una modificación legal para vetar “completamente” el porte de armas blancas en áreas de ocio nocturno, en los medios de transporte y sus accesos, así como en espacios públicos o festivos donde se concentre un gran número de personas.
Otras administraciones, como el Ayuntamiento de Madrid, llevan tiempo demandando un endurecimiento de la regulación sobre armas blancas, ante el incremento de incautaciones de machetes vinculados a enfrentamientos entre bandas latinas.
A finales de febrero, el PP registró en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende que el Gobierno elabore “urgentemente” un plan integral contra el aumento del uso de armas blancas. El texto plantea revisar e incrementar las categorías de armas prohibidas, actualizar las reglas sobre su adquisición o acceso y reformar el Código Penal para elevar las penas asociadas a su utilización.
Ya en 2007, el PNV defendió en el Congreso una moción en la que instaba al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a vetar la tenencia de armas blancas a menores y a personas con antecedentes penales. En la actualidad, la normativa solo prohíbe la compra y posesión de armas blancas a menores de 18 años, mientras que la existencia de antecedentes no figura como criterio para impedir su tenencia.