El portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, tiene previsto pedir este miércoles explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la sesión de control del Pleno del Congreso, sobre cómo piensa abordar “la constante noticia de agresiones con armas blancas en lugares de uso público”.
La iniciativa se produce tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral entre el Gobierno español y el Ejecutivo vasco, después de la reunión celebrada a finales de marzo entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez. En dicho pacto se contempla el “endurecimiento y clarificación del régimen de control y sanción del porte de armas blancas en espacios públicos”, un asunto que, tal y como subrayó el jefe del Gobierno vasco, genera especial inquietud en el ámbito del ocio nocturno, las fiestas populares y el transporte público.
El entendimiento incluye también la reforma del Reglamento de Armas para reducir las ambigüedades actuales y facilitar su aplicación práctica, la instalación de señalización visible en espacios de uso común para informar a la ciudadanía de esta prohibición, la puesta en marcha del Registro Central de Infracciones de Seguridad Ciudadana, al que tendrá acceso la Ertzaintza, así como el “impulso de reformas normativas para mejorar la respuesta frente a la reiteración delictiva”.
Actualización de la Ley de Seguridad y del Reglamento de Armas
En la actualidad, el marco jurídico está definido por la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que tipifica como infracción grave portar, exhibir o utilizar armas prohibidas, y por el Reglamento de Armas de 1993. Esta norma reglamentaria presenta limitaciones, ya que se basa en el tamaño del arma y veta, entre otros, los bastones estoque, los puñales de cualquier clase, las navajas automáticas y las hojas superiores a 11 centímetros.
El Gobierno vasco venía advirtiendo de que este marco resultaba insuficiente. El pasado 20 de marzo, el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, reclamó al Ejecutivo central una modificación legal con el fin de prohibir “completamente” el porte de armas blancas en zonas de ocio nocturno, en los medios de transporte y sus accesos, así como en espacios públicos o festivos con grandes concentraciones de personas.
Otras administraciones, como el Ayuntamiento de Madrid, también llevan tiempo solicitando un endurecimiento de la regulación sobre armas blancas, a raíz del aumento de incautaciones de machetes empleados en enfrentamientos vinculados a bandas latinas.
A finales de febrero, el PP registró en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a poner en marcha “urgentemente” un plan integral contra el incremento del uso de armas blancas. La iniciativa plantea revisar y ampliar los tipos de armas prohibidas, actualizar las reglas sobre su adquisición o acceso y reformar el Código Penal para elevar las penas asociadas a su utilización.
Ya en 2007, el PNV presentó en el Congreso una moción en la que reclamaba al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que vetara la tenencia de armas blancas a menores de edad y a personas con antecedentes penales. En la actualidad, la compra y posesión de este tipo de armas está vetada a los menores de 18 años, pero disponer de antecedentes penales no figura como criterio específico para impedir su tenencia.