El PNV llevará de nuevo el próximo martes al Pleno del Congreso una proposición de ley para modificar la Ley del Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de eliminar tanto el recurso previo frente a las reformas estatutarias como las sanciones incorporadas por el PP en 2015 para los cargos públicos que desoigan las resoluciones del tribunal de garantías.
Esta iniciativa legislativa ya fue discutida en la Cámara Baja a finales de 2016 y en marzo de 2021. En ambas ocasiones el Pleno aceptó su toma en consideración con el respaldo de las formaciones de izquierdas y nacionalistas, pero el texto nunca culminó su tramitación por la sucesión de prórrogas en el plazo de enmiendas y las posteriores disoluciones de las Cortes.
En esencia, el PNV plantea suprimir la reforma de 2015 que el PP sacó adelante gracias a su mayoría absoluta en pleno auge del desafío independentista catalán, y que se diseñó para sancionar a los responsables públicos que ignorasen al TC. No obstante, los nacionalistas formulan una alternativa que asume que el incumplimiento de las sentencias del Constitucional debe acarrear algún tipo de reproche, pero sustituyendo la figura de la suspensión introducida por el PP por un sistema de multas de menor cuantía.
De forma concreta, la proposición del PNV pretende derogar los preceptos de la Ley del TC que otorgan carácter ejecutivo a sus resoluciones y que facultan al tribunal para actuar contra autoridades y empleados públicos que no acaten sus fallos, mediante un abanico de sanciones que va desde las multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión en el ejercicio del cargo.
Multas mucho más reducidas y fin del recurso previo
En sustitución de ese régimen, los nacionalistas plantean “imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar”.
Además, la proposición de ley del PNV contempla también la eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, una figura igualmente incorporada en 2015, aunque en este caso fruto de un pacto entre socialistas y 'populares'.
Según este grupo parlamentario, esta regulación “acarrea riesgos” para la “estabilidad” del sistema porque “supera con creces el carácter jurisdiccional del control constitucional 'a posteriori' que fue atribuido en el texto constitucional”. Y, a su juicio, lo más preocupante es que “permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo”.
La iniciativa añade que el recurso previo de inconstitucionalidad transforma al Constitucional “en una tercera cámara legislativa y por ello en un órgano político de control”. Del mismo modo, subraya que las modificaciones aprobadas entonces otorgaron al Tribunal instrumentos que “poseen, de hecho, contenido punitivo” y que desnaturalizan el modelo de control de constitucionalidad diseñado en la Carta Magna.