La vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo (PPE) y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha denunciado que la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, está protegiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez al rehusar una investigación sobre posibles conflictos de intereses y alteraciones de la competencia en la venta de las balizas V16, de uso obligatorio en España.
En una iniciativa registrada en el Parlamento Europeo, Montserrat planteó de forma directa a la Comisión si tenía previsto analizar “si la obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario”, y si, a su juicio, España había puesto en marcha “las medidas suficientes para garantizar transparencia, competencia leal y ausencia de conflictos de intereses”.
No obstante, la contestación del Ejecutivo comunitario evita entrar en el fondo de estas cuestiones y se limita a recordar que “las normas de competencia de la UE prohíben prácticas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior” (artículos 101 y 102 del TFUE) y que las decisiones de los Estados miembros también pueden quedar sometidas a estas disposiciones (artículo 106 del TFUE). A continuación, la Comisión se limita a señalar que “no dispone de información concreta sobre posibles conductas o medidas contrarias a la competencia”.
A juicio de Montserrat, esta réplica pone de manifiesto que “existe un marco jurídico europeo claro para actuar ante posibles distorsiones de competencia, pero la Comisión decide no aplicarlo cuando el caso afecta a decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez”.
“Resulta especialmente preocupante que esta respuesta provenga de quien fue ministra en el Gobierno de Sánchez, lo que plantea serias dudas sobre su imparcialidad. No se puede invocar el derecho europeo y, al mismo tiempo, eludir su aplicación por razones políticas”, ha subrayado la vicepresidenta del PPE.
La eurodiputada reprocha a la Comisión que “se escude en tecnicismos y en una supuesta falta de información” en vez de asumir de oficio su papel de control. “La Comisión debe actuar, investigar y garantizar que no se producen abusos ni favoritismos”, ha añadido.
Además, ha remarcado que corresponde a la Comisión Europea asegurar el respeto de las reglas de competencia y preservar unas condiciones de igualdad en el mercado único. “No es aceptable que ante posibles irregularidades que afectan a millones de ciudadanos europeos se opte por una respuesta meramente formalista”, ha insistido.
En consecuencia, el Partido Popular reclama a la Comisión Europea que ejerza sus funciones con plena autonomía, que abra una investigación exhaustiva sobre los hechos y que garantice que no se producen distorsiones de competencia ni ventajas indebidas derivadas de decisiones regulatorias nacionales. “Europa no puede permitirse instituciones que eludan su responsabilidad cuando están en juego la transparencia, la competencia leal y la confianza de los ciudadanos”, ha sentenciado Montserrat.