La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha denunciado este sábado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está legislando “a ciegas” con el anuncio de una regularización masiva de inmigrantes, y ha puesto en duda que el Gobierno sostenga que todo el proceso no supondrá gasto alguno.
En una declaración remitida a los medios y recogida por Europa Press, Ezcurra ha lamentado que España se enfrente a “la mayor operación de regularización masiva de toda Europa”, ya que la intención del Ejecutivo es otorgar residencia “prácticamente automática a cientos de miles de personas en situación irregular”.
Según ha explicado, basta con acreditar que se ha solicitado protección internacional o demostrar una permanencia de cinco meses en España y presentar una solicitud. A su juicio, este diseño abre “todo un nicho para el fraude documental”.
Críticas a las cifras y a la falta de control
Ezcurra ha dirigido sus reproches a la ministra Elma Saiz por defender que la medida afectará a 500.000 personas, “cuando organismos independientes hablan de 900.000 y la propia Policía Nacional lo ha elevado a 1,2 millones”. “¿Qué estamos, legislando a ciegas?”, ha planteado de forma retórica.
No obstante, la vicesecretaria ‘popular’ considera que “lo más grave” es que, con la simple presentación de la solicitud, “se suspenden los procedimientos sancionadores y las expulsiones”.
“Es decir, quien está en un proceso de retorno queda blindado automáticamente, sin resolución, sin verificación completa y ni siquiera se exige un certificado de antecedentes penales porque el Gobierno lo ha sustituido por una declaración responsable”, ha criticado.
En este sentido, ha mostrado su incomprensión ante el hecho de que, para esta regularización de inmigrantes, “no se consulten las bases de datos policiales, no se exija un contrato de trabajo, ni formación, ni aprendizaje del idioma, nada”.
Impacto en comunidades y ayuntamientos
La dirigente del PP ha subrayado que se trata de la primera regularización en España que se impulsa “de forma masiva, sin planificación y sin presupuesto”, recordando que la memoria del real decreto sostiene que el proceso no tendrá coste, que carecerá de impacto presupuestario y que no afectará a otras administraciones.
“¿En serio? Desde el mismo día siguiente a la entrada en vigor del real decreto, miles de personas van a empadronarse, van a escolarizar a sus hijos, van a acudir a los centros de salud, van a inscribirse en los servicios de empleo, van a poder solicitar prestaciones sociales...y todos estos servicios lo pagan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que no han sido consultados y que no tienen un solo euro previsto para absorberlo”, ha remarcado.
Ezcurra sostiene que esta iniciativa no responde a “el compromiso adquirido con Europa” en materia migratoria y defiende que España precisa un sistema “legal y ordenado”, basado en “una inmigración al empleo, no un atajo reglamentario que convierte la irregularidad en puerta de entrada automática a la residencia”. “Es una irresponsabilidad que España no se puede permitir”, ha zanjado.