El Partido Popular en el Parlamento Europeo ha enviado una carta al comisario europeo de Justicia para trasladarle una “preocupación social y jurídica de máxima gravedad” ante la concesión de un régimen de semilibertad al exdirigente de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki'.
El escrito lleva la firma de la vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del PP, Dolors Montserrat; el presidente de la Comisión LIBE de la Eurocámara y eurodiputado, Javier Zarzalejos; el eurodiputado y exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; y el eurodiputado y víctima del terrorismo, Borja Giménez Larraz.
En la misiva, los firmantes advierten de que la decisión de otorgar la semilibertad a 'Txeroki' “no puede analizarse como un mero acto puntual de gestión penitenciaria”, sino que “se inscribe en una práctica habitual”. En este sentido, apuntan que “al menos 112 de los 119 presos de ETA en cárceles vascas han recibido beneficios penitenciarios que les permiten circular libremente por las calles de Euskadi y coincidir con sus víctimas”.
Subrayan, además, que todo ello se está produciendo sin que conste “que ninguno de los beneficiarios de estos privilegios haya expresado un arrepentimiento efectivo ni haya colaborado con las autoridades judiciales”, a pesar de que “existen más de trescientos atentados terroristas sin resolver”.
Según detallan, de los 35 beneficios penitenciarios del artículo 100.2 otorgados desde 2021, 30 se han concedido a condenados por terrorismo, lo que supone un 85% y, a su juicio, demuestra que este régimen se está aplicando de forma claramente preferente a los presos de ETA frente a los reclusos comunes.
Decisión política y contexto en España
Los eurodiputados enmarcan estas decisiones en un contexto político en el que “el partido que sustenta al Gobierno de España depende parlamentariamente del apoyo de EH Bildu”, formación a la que describen como “heredera política del entorno de ETA” y que, según el texto, “ha hecho de la flexibilización penitenciaria, así como del traslado y la excarcelación de los presos de la organización terrorista, una exigencia explícita y reiterada”.
“Cuando decisiones que afectan de manera tan directa a los derechos de las víctimas coinciden sistemáticamente con acuerdos de partido, el riesgo de instrumentalización de la política penitenciaria resulta evidente”, sostienen los populares, que reclaman “salvaguardar los derechos de las víctimas y los valores del Estado de Derecho”.
En su escrito, los eurodiputados piden a la Comisión Europea que solicite información al Gobierno de España “sobre las circunstancias y el fundamento jurídico” de los beneficios penitenciarios concedidos a Aspiazu. Requieren también que se detalle “sobre la existencia, en su caso, de colaboración con la justicia y de manifestaciones de arrepentimiento efectivo”, así como que se aporten datos “sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección de los derechos de las víctimas” y sobre los mecanismos que permiten que sean oídas antes de otorgar beneficios penitenciarios.
La carta remarca igualmente que estas decisiones se adoptan “en pleno proceso de reforma de la Directiva 2012/29/UE y en abierta contradicción con la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de las Víctimas (2020-2025)”, cuyo fin es “reforzar la protección frente a la victimización secundaria”, especialmente a la luz de los artículos 18 y 22 de dicha directiva.
Los firmantes recuerdan que, pese a la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenado, a Aspiazu “se le han aplicado normas de la legislación penitenciaria, en lo que consideramos un ejercicio desviado de las competencias de la Administración”, y denuncian al mismo tiempo que “las víctimas no han sido informadas, escuchadas ni tenidas en cuenta, ni disponen de mecanismos efectivos para recurrir estas decisiones en la fase de ejecución de las condenas”.