El PP tiene previsto aprovechar este martes su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante en la Comisión de Justicia varias enmiendas a la reforma penal promovida por Junts, con la intención de elevar las penas por multirreincidencia y, al mismo tiempo, impedir que migrantes con antecedentes policiales puedan acogerse a la regularización masiva recientemente aprobada por el Gobierno.
El plazo para registrar cambios al texto concluyó la semana pasada y, aunque la iniciativa de Junts fue respaldada en el Congreso por PSOE, PP, Vox y PNV, finalmente presentaron enmiendas los socialistas, los 'populares', Coalición Canaria y la formación de Santiago Abascal.
Este martes está convocada la Comisión de Justicia de la Cámara Alta para debatir las distintas propuestas y aprobar el dictamen que se remitirá posteriormente al Pleno del Senado.
Con la mayoría absoluta de la que dispone el PP en el Senado, se da por hecho que prosperarán sus cinco enmiendas, que después volverán al Congreso para que se pronuncie sobre ellas. Queda por determinar qué votará el grupo 'popular' respecto a las dos enmiendas del PSOE, las cuatro de Vox y la registrada por Coalición Canaria.
Objetivo del PP: tocar la Ley de Extranjería
Una de las propuestas del PP plantea modificar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como Ley de Extranjería, mediante la incorporación de un nuevo precepto “con el objetivo de reforzar las garantías frente a la impunidad y la seguridad en España”.
El partido sostiene que “la multirreincidencia no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo”.
En esa línea, los 'populares' plantean que todas las autorizaciones de residencia exijan que el solicitante carezca de antecedentes penales y que no esté inmerso en una causa penal suficiente en España o en los países donde haya residido anteriormente por delitos tipificados en la legislación española.
Además, proponen que se rechace la solicitud de estancia o residencia cuando el extranjero haya sido condenado en firme como reincidente, y que, para valorar si existe una amenaza para el orden público o la seguridad ciudadana, la Administración recabe informes específicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El texto del PP añade también que los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno iniciados por las causas ya previstas no quedarán suspendidos en ningún caso por la presentación de una nueva solicitud de estancia o residencia.
Vox presume de ir “más allá” que el PP
Vox, por su parte, afirma ir “más allá” que el PP y centra sus enmiendas en endurecer el régimen de sustitución de penas por expulsión aplicable a extranjeros.
Los dos senadores de Vox plantean que “cuando un ciudadano extranjero haya sido previamente condenado por sentencia firme por cualquier delito previsto en el Código Penal y vuelva delinquir --con independencia de la naturaleza de la nueva pena impuesta, ya sea de multa, prisión u otra distinta --, la pena correspondiente sea sustituida en todo caso por la expulsión del territorio nacional.
Asimismo, las enmiendas de Vox “suprimen la posibilidad de invocar el denominado arraigo como causa impeditiva de la expulsión”. “Y es que la apelación al arraigo ya ha demostrado que, pese a ser una cuestión excepcional, se ha usado de forma extensiva”, denuncia Vox.
El PSOE pone el foco en el 'petaqueo'
Durante la tramitación en el Congreso, PP, PNV y Junts pactaron una enmienda 'in voce' que fija penas de prisión de uno a cinco años por el denominado 'petaqueo', al considerarse que presta apoyo logístico a las narcolanchas, sancionando “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” en contra de las leyes o disposiciones generales.
El PP ha registrado otra enmienda sobre esta cuestión, además de una propuesta para reforzar las plantillas de fiscales. A su vez, el PSOE plantea introducir un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico con el fin de aumentar las penas cuando el fraude esté vinculado a delitos relacionados con cultivos 'indoor' de marihuana, en los que es habitual el uso ilícito de suministro eléctrico.
Coalición Canaria (CC) ha aprovechado igualmente la tramitación de esta reforma para presentar una enmienda orientada a ampliar las competencias del Cuerpo de Policía Canaria.