El PP ha presentado un escrito formal ante la Mesa del Congreso para que revoque el acuerdo del pasado 24 de marzo por el que se bloqueó la tramitación de dos enmiendas introducidas por el Senado en la Proposición de Ley Orgánica sobre multirreincidencia, reclamando que se deje sin efecto esa decisión al considerar que vetar su debate supone una “grave anomalía democrática”.
Las dos enmiendas, aprobadas por mayoría absoluta en el Pleno del Senado del 18 de marzo, incluían, según los populares, por un lado, el refuerzo de la estructura del Ministerio Fiscal y, por otro, nuevas medidas destinadas a “evitar la impunidad y reforzar la seguridad ciudadana”, con especial atención a los delitos cometidos por multirreincidentes.
La Cámara Alta dio luz verde a una enmienda consensuada por PP, Vox y Junts que modificaba la Ley de Extranjería para que, en los procesos de regularización de inmigrantes como el que impulsa actualmente el Gobierno, se garantice que el solicitante carece de antecedentes penales, no tiene procedimientos abiertos y no está inmerso en ninguna causa penal relevante en España ni en otros países.
Asimismo, se aprobó otra enmienda del PP que instaba al Ejecutivo a ampliar durante dos años las plazas de Fiscalía de área, provinciales y autonómicas, fijando una ratio de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 50.000.
Moncloa invocó su facultad de veto presupuestario para impedir que estas enmiendas llegaran siquiera al debate en el Congreso, alegando que implicaban un incremento de gasto. La Mesa de la Cámara, con la mayoría de PSOE y Sumar, avaló ese veto al entender que el Gobierno puede frenar iniciativas que supongan mayor gasto público o una reducción de ingresos.
Según los cálculos del Ejecutivo, la enmienda sobre extranjería obligaría a crear 400 nuevas plazas de funcionarios en las comisarías de extranjería, con un coste medio de 42.000 euros por puesto, lo que elevaría el gasto en 16,78 millones. En cuanto a la ampliación de la plantilla de fiscales, el Gobierno argumentó que supondría convocar 491 plazas, con un impacto adicional estimado de 53,79 millones de euros.
Sin la incorporación de estas dos enmiendas, el Congreso aprobó de forma definitiva el 26 de marzo la reforma del Código Penal destinada a combatir la multirreincidencia mediante el aumento de las penas. Esta proposición de ley, promovida por Junts y desbloqueada por el PSOE tras el anuncio de ruptura de los independentistas, salió adelante con el apoyo también de PP, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. ERC optó por la abstención, mientras que Bildu, Podemos, BNG y Compromís votaron en contra.
El PP denuncia una decisión “arbitraria, extemporánea e inconstitucional”
En su petición de reconsideración, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, expresa su “disconformidad” con el acuerdo de la Mesa del Congreso que asumió la disconformidad del Gobierno respecto a las disposiciones finales primera bis y primera tercera aprobadas en el Senado e impidió su elevación al Pleno.
El PP califica esa resolución de “arbitraria, extemporánea e inconstitucional”, al entender que se aparta de la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y vulnera el cauce legislativo ordinario. Sostiene, en particular, que el Ejecutivo no ha motivado de forma suficiente el supuesto impacto presupuestario de las enmiendas, requisito que considera “indispensable” para ejercer el derecho de veto.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, subraya en primer lugar que el Gobierno no ha presentado Presupuestos Generales del Estado en lo que va de legislatura y que, por tanto, no puede alegar una afectación a unas previsiones presupuestarias “que no se han previsto” al no haberse registrado unas nuevas Cuentas Públicas.
Como segundo argumento, el PP defiende que el Ejecutivo carece de competencia para vetar una enmienda ya aprobada por el Pleno del Senado y que aceptar ese veto supondría un “ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa la Constitución atribuye a las Cámaras y a la propia Constitución”.
En la misma línea, la formación sostiene que, una vez que el Senado ha aprobado unas enmiendas, ni la Mesa del Congreso ni el Gobierno pueden impedir su debate y votación en el Pleno. Advierte de que la mayoría de la Mesa se ha “arrogado la competencia que corresponde en exclusiva al Pleno de la Cámara”, lo que el PP tilda de “anomalía democrática inadmisible que urge revertir”.
El documento añade que la decisión recurrida vulnera el derecho al ejercicio pleno del cargo representativo “de conformidad con la ley”, recogido en el artículo 23,2 de la Constitución, al impedir que el Pleno del Congreso se pronunciase sobre unas enmiendas que ya habían sido ratificadas por el Senado.
El Grupo Popular sostiene que este proceder limita la capacidad de los diputados para desempeñar en su totalidad su función representativa y “cercena el derecho de los ciudadanos a la participación política, recogidos en la Constitución”.
Además, los populares alegan la infracción del artículo 90,2 de la Constitución y de los artículos 121, 123 y 111 del Reglamento del Congreso, al considerar que las enmiendas del Senado debían someterse a debate y votación y, en caso de lograr mayoría simple, incorporarse al texto procedente del Congreso.
Por todo ello, el PP pide a la Mesa del Congreso que revise el acuerdo adoptado el 24 de marzo y que, tras los trámites pertinentes, lo declare “nulo de pleno derecho”, así como la nulidad de todos los actos y disposiciones derivados del mismo en el curso de la tramitación parlamentaria, retrotrayendo sus efectos a la fecha en que se tomó la decisión. El objetivo es que las enmiendas puedan llegar al Pleno para ser debatidas y votadas “en su integridad”.