El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) con la que insta al Gobierno a acelerar "al máximo" la aprobación de la normativa necesaria para trasponer más de 90 directivas europeas aún pendientes. Reclama dar prioridad a las más de 40 cuyo plazo máximo expiró antes de 2026 y a las 21 que caducan a lo largo de este año, denunciando el "fracaso" del Ejecutivo en la adaptación del derecho comunitario.
Este mismo jueves, la Cámara Baja dio luz verde —con el respaldo de todos los grupos salvo Podemos y BNG, y la abstención de Bildu— a una iniciativa de Junts que urge al Gobierno a aplicar la directiva europea 2020/285, que permite excluir del IVA a los autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros. Esta condición fue planteada por la formación de Carles Puigdemont a los socialistas como contrapartida a su apoyo al decreto ley de ayudas fiscales por la guerra de Irán.
La propuesta de Junts formaba parte de una PNL más amplia, que incluía un paquete de medidas tributarias, por lo que su aprobación no conlleva efectos inmediatos para los trabajadores por cuenta propia. Ello ocurre pese a que esta reclamación se basa en una directiva europea que España debía haber incorporado a su ordenamiento antes de finales de 2024. La Comisión Europea ya ha iniciado actuaciones contra el Estado español por este retraso.
La nueva iniciativa del PP, presentada para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea, reclama también al Gobierno que adopte cambios organizativos y de gobernanza que corrijan los "problemas endémicos de falta de previsión" en esta materia durante la legislatura. Además, le pide que, en el primer semestre de 2026, ponga en marcha los trámites de audiencia pública de las normas necesarias para trasponer las directivas cuyo plazo máximo expira en 2027.
El Grupo Popular solicita igualmente que el Ejecutivo publique, "en un lugar visible" de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, un listado actualizado de manera permanente con toda la normativa europea pendiente de trasposición en España.
España, a la cabeza del incumplimiento en la UE
La proposición, difundida por Europa Press, recalca que la situación es "especialmente grave" porque el volumen de directivas europeas sujetas a trasposición "ha decrecido notablemente en los últimos años". Recuerda que en 2013 y 2014 se aprobaron 71 y 64 directivas que exigían adaptación, mientras que en 2023 y 2024 fueron 33 y 28, respectivamente.
El PP subraya que las estadísticas oficiales de la Unión Europea sitúan a España al cierre de 2025 como el país con mayor déficit de trasposición de legislación europea, con un 3,3%, más del doble de la media comunitaria, del 1,5%. También lidera el número de procedimientos de infracción abiertos por Estado miembro, con 92 expedientes frente a una media de 55 en la UE.
Según la formación, los datos del primer mes de 2026 "aún empeoran el panorama", ya que el déficit de trasposición aumenta al 3,7% y los procedimientos de infracción abiertos ascienden a 100.
En este contexto, el PP destaca que, en lo que va de legislatura, sólo se han culminado 23 transposiciones de directivas y que, de ellas, únicamente 9 se aprobaron antes de que se superaran los plazos máximos fijados por las instituciones europeas".
Críticas a la "parálisis político-administrativa" del Gobierno
El grupo popular atribuye estas cifras a la "parálisis político-administrativa en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sumido a España, lo que provoca que no se incorpore normativa europea porque ni las Cortes ni el Gobierno están trabajando a pleno rendimiento". A su entender, esta situación conlleva "la pérdida de credibilidad e influencia de España en Europa al convertirse en su socio menos fiable".
El texto sostiene que el análisis detallado de los incumplimientos evidencia que los ministerios "trabajan sin previsión", hasta el punto de que los proyectos de ley para adaptar la normativa europea llegan al Congreso "una vez vencido el plazo máximo de aprobación" y que los reales decretos con ese mismo objetivo "no empiezan su tramitación con margen suficiente".
La iniciativa también reprocha que no exista "un mecanismo de comprobación sencillo" sobre el grado de cumplimiento y apunta que diversos portales informativos se han visto obligados a recurrir a solicitudes de acceso a la información pública para obtener datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.