Los diputados del PP Carlos Floriano y Sofía Acedo han registrado en el Congreso una amplia batería de preguntas dirigidas al Gobierno para que responda por escrito sobre la “grave interrupción” en la expedición de pasaportes a españoles residentes fuera del país, una incidencia que se prolongó durante 45 días, entre el 22 de diciembre de 2025 y el 6 de febrero de 2026.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los parlamentarios explican que, de acuerdo con distintas fuentes consulares, en ese intervalo “dejaron de recibirse pasaportes en las oficinas consulares, afectando potencialmente a decenas de miles de ciudadanos”.
El texto detalla que el Ministerio de Asuntos Exteriores achacó en un primer momento el fallo a “ajustes técnicos” y, más tarde, a “una incidencia en el servidor que impedía la descarga de datos para la fabricación de los pasaportes”. No obstante, subraya que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) “negó la existencia de una incidencia técnica y situó el parón en una suspensión del servicio de valija diplomática por el periodo navideño”.
Contradicciones entre Exteriores y la FNMT
Ante este escenario, el Grupo Popular reclama que se aclare cuál fue la causa técnica concreta que impidió la fabricación y/o el envío de pasaportes en esas fechas y por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores y la FNMT han ofrecido “versiones contradictorias” sobre lo ocurrido. También pide que se precise en qué momento exacto se detectó la incidencia y qué protocolos de contingencia se pusieron en marcha.
Los diputados del PP solicitan igualmente que el Ejecutivo detalle cuántos españoles residentes en el extranjero se vieron afectados por este problema y de qué manera justifica el Gobierno “las versiones contradictorias” entre Asuntos Exteriores y la FNMT acerca del origen del fallo.
Además, interpelan al Gobierno sobre “qué refuerzos estructurales” en materia de personal, recursos técnicos y capacidad de producción tiene previsto implementar para evitar nuevos colapsos, especialmente ante el fuerte aumento de solicitudes derivado de las nacionalizaciones tramitadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, y si el Ejecutivo ha incoado algún expediente interno para “depurar responsabilidades por lo ocurrido”.