El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende instar al presidente del Gobierno a destituir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la presunta agresión sexual atribuida al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, y a revisar las medallas pensionadas otorgadas a los mandos policiales señalados en la querella. En el mismo texto reclama abrir expedientes disciplinarios a los mandos implicados y acordar su suspensión cautelar para que “no puedan influir en la investigación”.
Estas medidas se enmarcan en una ofensiva parlamentaria del Grupo Popular que incluye, además, la solicitud de comparecencia en comisión del propio Marlaska, del director general de la Policía y de la subdirectora de Recursos Humanos del Cuerpo, responsable de tramitar la baja de la víctima el pasado mes de julio.
El equipo de Alberto Núñez Feijóo, que ya exigió este miércoles en el Pleno del Congreso la dimisión inmediata del titular de Interior, quiere ahora que esa petición se someta expresamente a votación para obligar al resto de grupos a fijar una posición clara.
El DAO de la Policía, el comisario principal José Ángel González, presentó su renuncia este martes como máximo responsable operativo de la Policía Nacional después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid acordara citarle como investigado al admitir a trámite una querella por un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada en abril. La querella está fechada el 9 de enero.
Marlaska ha asegurado que no tuvo conocimiento de la denuncia hasta la tarde de este martes, subrayando que así lo ha confirmado el abogado de la víctima y que tampoco los sindicatos policiales tenían noticia de lo ocurrido. El PP, sin embargo, sostiene que “no hay quien se crea” que el ministro ignorase la presunta agresión sexual y ha reclamado su destitución al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Expedientes disciplinarios y revisión de medallas
El PP ha advertido de que “no se va a quedar de brazos cruzados” tras la dimisión del DAO, al considerar imprescindible aclarar por qué el Ejecutivo “mantuvo a José Ángel González en su puesto a pesar de la denuncia que pesaba sobre él por agresión sexual a una subordinada desde hace un mes”.
En la proposición no de ley, registrada para su debate tanto en el Pleno como en la Comisión de Interior, los populares reclaman el cese del ministro por su “falta de control ante delitos de agresión sexual, coacciones y malversación de fondos públicos presuntamente cometidos por el que fuera jefe operativo de la Policía”.
Además, el PP exige la apertura inmediata de expedientes disciplinarios a todos los mandos policiales que aparezcan implicados directa o indirectamente en los hechos recogidos en la querella, por la posible comisión de faltas muy graves.
Suspensión cautelar y “protección integral” a la víctima
En la misma iniciativa, el Grupo Popular reclama que se acuerde la suspensión cautelar de todos los mandos afectados mientras se tramitan los procedimientos judiciales, con el objetivo de que “no puedan influir en la investigación ni en la situación profesional de la víctima”. En caso de sentencia firme condenatoria, pide su expulsión definitiva del Cuerpo.
Igualmente, la formación que coordina Ester Muñoz plantea que se revisen de oficio “todas las condecoraciones y medallas pensionadas concedidas a los mandos policiales que pudieran estar afectados por la querella o por actuaciones de encubrimiento, procediendo a su retirada cuando resulte incompatible con la ética pública y la legalidad”.
El texto también insta al Gobierno a garantizar la protección integral de la víctima, reforzando los protocolos internos de prevención y actuación frente a agresiones sexuales dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Comparecencias en el Congreso y aclaración del “conocimiento previo”
Dentro de esta ofensiva, el principal partido de la oposición solicita la comparecencia de Marlaska en la Comisión de Interior para que detalle sus actuaciones “en relación con los hechos denunciados en una querella por presunta agresión sexual, coacciones, encubrimiento y posible malversación de caudales públicos atribuibles a quien ejercía desde 2018 la máxima autoridad operativa de la Policía Nacional”.
Asimismo, el PP quiere que el ministro explique “su conocimiento previo de dichos hechos, de las medidas adoptadas para la protección de la víctima y la preservación de pruebas”.
Los populares piden también la presencia en sede parlamentaria del director general de la Policía Nacional y de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación, que tramitó la baja de la víctima en julio. A esta última tienen previsto interrogarla “sobre las comunicaciones que llevó a cabo -o no- con sus superiores jerárquicos y si activó los mecanismos de protocolo internos para la protección de la mujer agredida”.
Preguntas al Gobierno y revisión de condecoraciones
Según el PP, en el marco de la gravedad del caso, “hay un aspecto especialmente sangrante como es el supuesto intento de diversos mandos policiales para presionar a la víctima y tratar de encubrir los delitos dentro de la estructura del ministerio del Interior”, tal y como ha señalado la formación en un comunicado.
Por este motivo, el Grupo Popular ha presentado dos baterías de preguntas dirigidas al Ejecutivo para aclarar, entre otros extremos, desde qué fecha exacta tuvo conocimiento el Ministerio del Interior de los hechos presuntamente delictivos y qué otros mandos policiales supieron lo ocurrido sin activar mecanismos de protección para la víctima.
Además, el PP se interesa por la revisión de medallas y condecoraciones del comisario Óscar San Juan, que, según la formación, presuntamente habría intentado coaccionar a la víctima, y del exDAO, al tiempo que cuestiona el posible uso de recursos públicos con fines ilícitos.
“Ante la gravedad de los hechos, el tiempo transcurrido, el presunto encubrimiento y la utilización de los medios del Estado, ¿piensa el ministro del Interior asumir alguna responsabilidad política”, plantea el PP en una de las quince preguntas registradas.
Exigencias al Ministerio de Igualdad
El Grupo Popular también reclama aclaraciones al Ministerio de Igualdad acerca de sus funciones de “supervisión, evaluación o seguimiento de los protocolos de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Asimismo, pregunta si “existen canales de comunicación institucional para asegurar que las víctimas pertenecientes a cuerpos jerarquizados reciban atención integral especializada” o “si ha ofrecido el ministerio asistencia o acompañamiento a la presunta víctima a través de sus recursos”.