El PP utilizará este miércoles su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante un nuevo pulso institucional frente al Gobierno y el Congreso, a raíz del veto del Ejecutivo a la tramitación de unas enmiendas a la ley contra la multirreincidencia que pretendían acotar el proceso de regularización de inmigrantes mediante un refuerzo del control sobre los antecedentes penales.
Con esta decisión, los 'populares' dan el primer paso para poder llevar el caso ante el Tribunal Constitucional (TC).
El conflicto de atribuciones arranca a iniciativa de un grupo parlamentario, en este caso el PP, y con la mayoría absoluta de los conservadores la Cámara Alta lo valida en el Pleno. Desde ese momento, el Senado asume el procedimiento como propio y lo remite al Congreso y al Gobierno.
A partir de ahí, Congreso y Gobierno disponen de un mes para responder desde que reciben la comunicación del conflicto de atribuciones, aunque también pueden optar por no contestar y dar el asunto por concluido. Si finalmente lo rechazan, el Senado tiene la opción de iniciar el trámite para elevarlo al Tribunal Constitucional (TC).
Un mecanismo inédito hasta la mayoría absoluta del PP
El PP ha sacado partido de su mayoría absoluta en la Cámara Alta para activar de forma reiterada la vía del conflicto institucional ante el Tribunal Constitucional, un instrumento que hasta esta legislatura no se había utilizado en el Senado y que ya se ha empleado en una decena de ocasiones contra el Congreso o el Gobierno.
El equipo de Alberto Núñez Feijóo ha recurrido a estos choques institucionales con Congreso y Gobierno por diversos asuntos: la Ley de Amnistía; una norma que beneficiaba a presos de ETA; enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible; el bloqueo en el Congreso a iniciativas legislativas del PP; los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la Ley de Eficiencia Jurídica; enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario; la Ley de Navegación Aérea o la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un Pleno.
El primer conflicto entre órganos constitucionales de la etapa democrática lo promovió el PP hace justo ahora dos años, en abril de 2024, cuando aprobó este choque con el Congreso por la Ley de Amnistía al entender que era "una reforma Constitucional encubierta".
Este pulso institucional, inédito desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, continuó su tramitación hasta que el Congreso se negó a retirar la Ley de Amnistía, dejando la decisión final en manos del PP en el Senado.
Finalmente, un mes después, los 'populares' aprobaron en la Cámara Alta un escrito con el que dejaban sin efecto el conflicto de competencias por la Ley de Amnistía, renunciando así a elevarlo al Tribunal Constitucional (TC).
Diez conflictos en dos años ante el Constitucional
Tras el primer choque por la amnistía, el PP abrió un camino que ha derivado en más de una decena de conflictos de atribuciones en los dos últimos años por distintos motivos y que sí han terminado llegando al Tribunal Constitucional.
Uno de estos recursos se refiere a la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero, al considerar el PP que el Senado había vetado la norma y que el Congreso ignoró esa decisión.
El PP también planteó un conflicto ante el Constitucional contra Congreso y Gobierno por el "veto" del Ejecutivo de Sánchez a unas enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible, un escenario que se repitió con la Ley de Desperdicio Alimentario y con la Ley de Navegación Aérea.
En relación con la Ley de Eficiencia Jurídica, los 'populares' promovieron un choque institucional desde el Senado con el Gobierno y el Congreso para que procedieran a "revocar la corrección de errores" introducida "manera fraudulenta" en esta norma a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) una vez finalizada su tramitación parlamentaria.
Ausencias de Sánchez y Presupuestos, también en el punto de mira
Otro de los conflictos institucionales impulsados por el PP en el Senado se dirigió contra el Congreso por "bloquear" y "secuestrar" las proposiciones de ley que se aprueban en la Cámara Alta.
Además, a finales del pasado año, el Senado acordó elevar al Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Gobierno, a instancias del PP, por no cumplir con su obligación constitucional de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.
Por último, la Cámara Alta inició a finales de marzo los trámites para remitir al Constitucional un nuevo choque con el Gobierno por la ausencia de Sánchez en un Pleno extraordinario celebrado en enero.