El Partido Popular ha dado a conocer un plan de emergencia para reforzar la seguridad de las presas en España “ante el deterioro de su estado de conservación y la ausencia de planes de emergencia actualizados en el 75% de los embalses del país”, según recoge el informe de la formación, que cifra en unos 100.000 millones de euros la inversión necesaria en políticas hidráulicas hasta 2035.
El documento, elaborado por la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, precisa que al menos el 10% de esa cantidad se dirigiría a modernizar el parque de presas. Dentro del cálculo global se incluye una línea presupuestaria específica de entre 400 y 500 millones de euros para las presas de titularidad estatal y un programa extraordinario de 4.000 millones de euros destinado a las cuencas mediterráneas, que contempla intervenciones en barrancos.
“La seguridad hidráulica no es una cuestión ideológica ni secundaria, es una política de Estado vinculada directamente a la protección de vidas humanas, la estabilidad económica y la resiliencia frente a fenómenos extremos”, subraya el informe.
El eje inicial del plan pasa por una auditoría técnica integral de todas las presas estatales, empezando por las más antiguas o por aquellas en las que ya se han detectado problemas estructurales. La finalidad es “priorizar las inversiones según el riesgo que presente cada infraestructura” siguiendo parámetros técnicos y científicos objetivos.
El texto señala que la inversión media anual en conservación y seguridad de presas entre 2023 y 2025 apenas ha rondado los 80 millones de euros, muy por debajo de los 250 y 500 millones que los especialistas consideran imprescindibles. Los estándares técnicos sitúan el gasto de mantenimiento entre el 1% y el 2% del valor patrimonial del conjunto de presas, estimado en 25.000 millones de euros. De acuerdo con los datos difundidos por el PP, algunos análisis elevan las necesidades acumuladas hasta alrededor de 5.000 millones de euros de aquí a 2033.
En paralelo, el informe describe la dotación de personal de las Confederaciones Hidrográficas como una situación “crítica”: el último Plan Estratégico de Recursos Humanos contemplaba la incorporación de 381 profesionales, pero el resultado final ha sido una pérdida neta de 250 puestos. Para revertir este escenario, el PP plantea reforzar los servicios de explotación con equipos dimensionados adecuadamente y garantizar atención permanente las 24 horas en las infraestructuras consideradas críticas.
Reforma legal y refuerzo institucional
En el terreno normativo, el partido propone modificar la Ley de Aguas con el fin de incorporar la prevención, la protección y la preparación frente a los riesgos naturales de inundaciones y sequías como principios básicos de la política del agua. El informe añade que las decisiones en materia hidráulica deben apoyarse en tres ejes: una planificación hidrológica orientada a evitar daños, una prevención efectiva del riesgo basada en criterios técnicos y científicos y la primacía del criterio técnico en todas las decisiones.
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, tiene previsto reunirse este lunes con las principales asociaciones de ingenieros y entidades relacionadas con las presas españolas para presentarles el plan y recoger sus aportaciones sobre la situación actual del parque.
“La escasa ejecución presupuestaria, la infrautilización de los instrumentos financieros europeos y la falta de planificación estructural reflejan una política hídrica debilitada institucionalmente en la que la seguridad de las presas no ha ocupado la importancia necesaria”, ha señalado el vicesecretario.
España dispone de más de 2.400 presas en su territorio —375 de ellas de titularidad estatal—, de las que más de 1.000 son grandes presas que regulan más de 2.300 embalses con una capacidad superior a 61.000 hectómetros cúbicos, según el Inventario Nacional de Presas y Embalses. El valor patrimonial estimado de este conjunto ronda los 25.000 millones de euros y la actividad económica asociada supera los 35.000 millones de euros al año. El informe del PP recuerda que “solo las inundaciones provocan en España una media de 800 millones de euros anuales en daños”.