El PP ha establecido este lunes las bases que, a su juicio, deben orientar cualquier pacto con Vox con el fin de garantizar la estabilidad institucional. El partido sostiene que todo entendimiento deberá asentarse en el “principio de coherencia programática”, el respeto a “la proporcionalidad” emanada de las urnas y el compromiso de “aprobación de cuatro presupuestos”, entre otros aspectos.
Estas directrices se detallan en el “Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica” —al que ha tenido acceso Europa Press— impulsado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la intención de “guiar las negociaciones con otros partidos cuando la aritmética resultante de las urnas así lo justifique”, como ha ocurrido tras las elecciones en Extremadura del pasado 21 de diciembre y en Aragón el 8 de febrero.
El texto ha visto la luz pocas horas después de que la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, anunciara que la cúpula nacional intervendrá directamente en las conversaciones con Vox en Extremadura y Aragón para “facilitar los acuerdos” y evitar una “repetición electoral”. A su juicio, “defraudar el mandato de la gente es una irresponsabilidad” que solo favorecería al PSOE y a Pedro Sánchez.
Un marco de negociación único y vinculante para todo el país
En el documento, el PP sostiene que, elección tras elección, los ciudadanos están expresando “de forma inequívoca su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de abrir una nueva etapa política en España”. “Si la gente está haciendo su parte para ello, nuestra obligación es hacer la nuestra”, subraya el texto.
El partido defiende que el “equilibrio” debe presidir la concreción de los pactos, recuperando así el principio de representación democrática que, según denuncia, Pedro Sánchez y sus aliados “han dilapidado en los últimos años”. Por ello, reivindica “un sistema de diálogo y consenso que rompa la dinámica de chantaje político y privilegios injustificables”.
Además, el PP se reivindica como una fuerza de “vocación nacional” que se dirige al conjunto de los españoles con un proyecto que respeta la pluralidad territorial, pero que reconoce “en la Nación un proyecto común”. “En consecuencia, fijamos el siguiente marco de negociación de pactos: único, vinculante y de aplicación en toda España, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad”, afirma el documento.
Decálogo para los acuerdos con Vox
El decálogo que fija las pautas de los pactos con Vox arranca estableciendo que cualquier acuerdo requiere el “pleno respeto a la unidad nacional, al marco constitucional y al Estado de Derecho”, recordando que “fuera de la legalidad vigente” no puede concretarse ninguna iniciativa.
En segundo lugar, el PP recalca que el respeto a la ley “incluye el acatamiento del reparto competencial actualmente existente en España”. “Los acuerdos se ceñirán a las medidas que legalmente pueden adoptarse por parte de cada Administración”, añade el texto.
El tercer punto sostiene que, en “un momento de extraordinaria decadencia en España”, el PP tiene “el deber de velar por el respeto a las principales instituciones de la nación”. En este apartado, se compromete a “proteger la separación de poderes, preservar el prestigio de las instituciones autonómicas” y “respetar a la Jefatura del Estado”.
Coherencia programática, igualdad y proporcionalidad
La formación deja establecido que “cualquier acuerdo debe basarse también en el principio de coherencia programática”, de forma que el PP puede aceptar “ampliar las ofertas con las que concurrieron a las elecciones, pero no contradecirlas”.
En quinto lugar, el documento enfatiza que “la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de la libertad deben ser la base de las medidas políticas acordadas”. “Hacer las cosas distintas al actual Ejecutivo central incluye no aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición”, señala, para añadir que los acuerdos “deberán proteger y ampliar las libertades individuales, la iniciativa personal y el pluralismo”.
El sexto punto establece que el reparto de poder, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, “debe respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas”. A continuación, el PP recalca que “tiene identidad política propia” y precisa que “un acuerdo no implica acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo”.
Prioridades autonómicas: impuestos, campo, vivienda y energía
En el octavo epígrafe, el PP sitúa las competencias autonómicas “como ámbitos prioritarios de acuerdo”: utilización de “todas las competencias fiscales autonómicas para bajar impuestos”; reducción de la burocracia “que asfixia a autónomos y pequeños empresarios”; y defensa de agricultores, ganaderos y pescadores “frente a la sobrerregulación y las políticas que encarecen sus costes y ponen en riesgo su viabilidad”.
El partido también se compromete a impulsar la construcción de más vivienda, combatir la okupación ilegal y revertir el “deterioro de la inseguridad ciudadana”. Al mismo tiempo, expresa su rechazo “a las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria”, y se compromete a defender desde las autonomías un mix energético completo “que incluya la energía nuclear”.
Inmigración, natalidad y condena de toda violencia
El documento remarca que los pactos “deben proteger la dignidad de todos los ciudadanos y promover una solidaridad activa entre personas, especialmente hacia los más vulnerables”. En materia migratoria, el PP sostiene que la inmigración irregular “ha alcanzado niveles intolerables y el Gobierno responde con regularizaciones masivas que transforman la irregularidad en un derecho”. “Exigimos al Gobierno de España que controle las fronteras, que ejecute las expulsiones y que cuente con las comunidades autónomas antes de imponer decisiones cuyas consecuencias no asume”, añade.
Asimismo, el PP coloca “la natalidad en el centro de la agenda política” y defiende “la familia como la primera red de apoyo”, reiterando su compromiso con los jóvenes, que no pueden ser una “generación aplazada”.
Los populares recalcan que “la condena de toda forma de violencia debe ser inequívoca”. “Cualquier acuerdo rechazará expresamente las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase. Todas ellas las combatiremos con todos los recursos e intensidad que sea posible, y hacerlo exige también prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo”, recoge literalmente el texto.
Compromiso de cuatro Presupuestos y estabilidad institucional
El PP subraya que, en cualquier pacto, “las formaciones comprenden que los gobiernos responden solidaria y colegiadamente por las decisiones y su aplicación presupuestaria, con independencia de las responsabilidades ejecutivas de cada uno”. En coherencia con ello, “todo acuerdo deberá contribuir a la gobernabilidad eficaz y la seguridad jurídica, evitando cualquier forma de chantaje parlamentario o fragmentación política”.
En el último punto del decálogo, el partido insiste en que los acuerdos han de garantizar la estabilidad institucional, ya que “ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre”. “La buena voluntad debe concretarse tanto en el compromiso de aprobación de cuatro presupuestos como en el establecimiento de un método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto”, concluye el documento.