La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que su formación presentará cambios a la Ley de Multirreincidencia en el Senado con el objetivo de que la regularización masiva de migrantes aprobada por el Gobierno no se convierta en “un coladero”, no genere “impunidad” frente al delito ni suponga “premiar” a quienes delinquen.
En una comparecencia ante los medios en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección, Gamarra ha recalcado que es “un sin sentido estar luchando” contra la multirreincidencia —una ley que se encuentra en tramitación parlamentaria— mientras se permite que con la regularización de migrantes algunas personas obtengan “un premio” pese a contar con “antecedentes policiales” o “procedimientos penales abiertos”. “No cabe la impunidad”, ha enfatizado.
La dirigente popular ha criticado que el Ejecutivo impulse una “regularización masiva” que, según datos de la Policía Nacional, podría afectar a más de 1,2 millones de personas en situación irregular “sin ni siquiera solicitarles un certificado de antecedentes penales”.
Según Gamarra, “las mafias y los delincuentes con este Gobierno están de enhorabuena” y “se van a forrar a costa del tráfico de seres humanos”. A su juicio, “no se exige un contrato de trabajo, ni de formación. Nada. Es un proceso de regularización automático”, ha remarcado.
Enmiendas en el Senado para reforzar controles
Tras advertir de que la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez representa “un riesgo” para la seguridad, ha avanzado que el Grupo Popular registrará una enmienda a la Ley de Multirreincidencia en la Cámara Alta para impedir que el proceso de regularización de inmigrantes se convierta en un “coladero” para delincuentes.
En este sentido, ha explicado que el PP introducirá modificaciones en la Ley contra la Multirreincidencia en el Senado —donde cuenta con mayoría absoluta— con el fin de que no se admita la declaración responsable “bajo ningún supuesto” y se endurezcan los controles sobre los antecedentes de quienes soliciten la regularización.
“Debemos diseñar otro tipo de política migratoria. ¿Cuál? Pues evidentemente aceptando que no caben declaraciones responsables de quienes hayan cometido delitos”, ha señalado la vicesecretaria popular.
Gamarra ha insistido en que es imprescindible “tener en cuenta los antecedentes penales y también los procedimientos penales que tengan en curso en España aquellos que quieran solicitar una regularización”. Ha añadido que “no podemos obviar los antecedentes policiales. Deben de ser comprobados y deben de ser tenidos en cuenta también a la hora de determinar si una persona es un riesgo para nuestra seguridad”.
Además, ha recalcado que “no cabe la suspensión de procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión que se hayan podido poner en marcha en nuestro país o de expulsiones que ya se hayan acordado como sanción dentro de esos procedimientos”.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha subrayado que el compromiso de su partido es que España sea un “país seguro” y que “el que venga aquí a delinquir no pueda encontrar impunidad y “no pueda convertirse el delito en oficio”.
Advertencia de las CCAA del PP por el posible “colapso” de servicios
Gamarra ha explicado también que todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP han remitido alegaciones frente a la regularización masiva de migrantes, al considerar que se trata de una norma que provocará un “colapso” en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la vivienda. “La inmigración es competencia exclusiva del Estado, pero las consecuencias de la regularización recaen directamente sobre las CCAA y los ayuntamientos”, ha apuntado.
Ha avanzado, asimismo, que esta semana el PP registrará en el Parlamento una batería de iniciativas para garantizar la ejecución efectiva de las expulsiones y expresar su rechazo al real decreto de regularización. En ese marco, el grupo popular interpelará también a la ministra de Inclusión, Elma Saiz.
La responsable del PP ha expresado la inquietud de su partido ante una política de inmigración “sin rumbo” por parte del Gobierno que, en su opinión, está convirtiendo a España en “un paraíso para las mafias que trafican con seres humanos”.
Por último, ha defendido un modelo de inmigración “ordenada, legal y humana”, basado en fijar límites, condiciones y normas “muy claras”, y sustentado en “poner orden al desorden, imponer mano dura contra las mafias y delincuencia, y mano tendida a quien venga a prosperar”.