La dirección nacional del Partido Popular sostiene que puso en marcha un expediente interno después de recibir la denuncia de acoso de la exconcejal de Móstoles, a pesar de que en ese momento ya no figuraba como afiliada y de que el PP de Madrid había realizado previamente sus propias indagaciones. Según han explicado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido, el caso llegó al Comité Nacional de Derechos y Garantías en noviembre de 2024 y fue entonces cuando se activó el procedimiento interno.
El 3 de octubre de 2024, la entonces edil de este municipio madrileño presentó su baja del PP, una renuncia que justificó en la carta remitida al partido “motivada por la falta de amparo” que había tenido. En ese escrito, recordaba además que “en el mes de febrero comuniqué al PP de Madrid la grave situación de acoso sexual y laboral que he padecido como concejal del PP de Móstoles”, y anunciaba que dejaba el carnet del Partido Popular.
De acuerdo con fuentes populares, en otoño de 2024 la exedil remitió un escrito a la Oficina de Compliance del PP. Desde ese órgano se trasladó el caso al Comité Nacional de Derechos y Garantías, presidido por el gallego Diego Calvo, que a su vez forma parte del Gobierno autonómico de Alfonso Rueda.
Expediente interno y archivo del caso
En ese momento, el Comité Nacional de Derechos y Garantías designó a un instructor para el asunto e inició la tramitación del expediente, pese a que la exconcejal de Móstoles ya no pertenecía al PP, mientras que el alcalde Manuel Bautista sí continúa siendo militante, según las mismas fuentes.
Ese expediente interno incorporó tanto la declaración de la exedil —que envió un escrito de 20 folios— como la del regidor de Móstoles, de acuerdo con fuentes del PP, que no han concretado si el testimonio de Bautista se obtuvo en persona o mediante un documento escrito.
El procedimiento fue finalmente archivado en abril de 2025 al no considerar acreditada la existencia de acoso sexual, según han señalado las fuentes consultadas. Han añadido que la exconcejala informó de que había denunciado ante los tribunales el borrado de correos de su ordenador —durante la instrucción se le requirió el auto de esa causa, que ya había sido archivada por el juez—, pero en ese momento no constaba ninguna denuncia judicial por acoso laboral ni por acoso sexual.
Este jueves, la exconcejal de Móstoles ha anunciado, sin embargo, que presentará una denuncia contra el alcalde de la localidad por acoso sexual. Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, especialista en delitos de acoso, ha avanzado a Europa Press que en la denuncia se detallarán las supuestas conductas de acoso sexual que habría sufrido por parte del regidor y el posterior acoso laboral.
El PP recalca que siempre tuvo abierta la vía judicial
Fuentes del PP nacional han reivindicado la gestión interna de este caso y han remarcado que, aunque el asunto ya se había “dirimido” en el PP de Madrid y la exedil “ya no era afiliada”, se decidió abrir una investigación propia para recabar información adicional.
“Sin ninguna prueba no tenemos más capacidad que resolver el proceso de información. No había ninguna prueba para actuar en sentido contrario”, han indicado las mismas fuentes a Europa Press, subrayando que el partido no podía ir más allá y que la exconcejala tenía siempre abierta la posibilidad de acudir a la Justicia, algo que también recordó públicamente Alberto Núñez Feijóo desde Teruel este jueves.
Desde Génova comparan su actuación con la del PSOE en el caso del exdirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente por presuntos episodios de acoso sexual y comportamientos machistas en Moncloa.
Además, recalcan que el PP abrió este expediente interno aun cuando “no había presión mediática”, a diferencia de lo que, a su juicio, ocurrió cuando trascendieron las conductas atribuidas a Salazar el pasado verano. “Hemos actuado en un modo que creo que es más que razonable”, han apostillado.
Gamarra subraya la “grandísima diferencia” con el PSOE
En una comparecencia ante los medios en Barakaldo (Bizkaia), la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha vuelto a contraponer la respuesta del PSOE en el caso Salazar con la actuación de los populares ante el presunto acoso atribuido al alcalde de Móstoles. Sobre la posible denuncia de la exedil, ha señalado que, en caso de presentarla, está “ejerciendo lo que es su derecho y, por tanto, nada que decir”.
Gamarra ha querido dejar “muy claro” que la forma de proceder de ambos partidos “no tiene nada que ver”, porque “trabajando Salazar en Moncloa, su denuncia fue a la papelera, a un cajón”, mientras que el PP “activó los mecanismos y el procedimiento interno”. Por ello, ha insistido en que “nada que ver, ni nada que comparar”.
La dirigente popular ha reiterado que su formación puso en marcha “el procedimiento interno” y lo desarrolló hasta el final, “mientras otros esa denuncia la guardaban en un cajón” y “hasta que no lo sacaron” en los medios de comunicación “no hicieron nada”. “Creo que hay una grandísima diferencia”, ha enfatizado.
Serrano defiende la labor del Comité de Garantías
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha explicado que tuvieron conocimiento por primera vez de este asunto en febrero de 2024 y ha recordado que el Comité Nacional de Derechos y Garantías dio por concluido el expediente en abril de 2025, “sin que esto se recurriera o se adoptaran otras medidas legales en mano de quien hacía estas acusaciones”.
Serrano ha defendido que el Comité Nacional de Derechos y Garantías actuó “de manera rigurosa y diligente, como ha hecho el Partido Popular de Madrid, tramitando el expediente, tratando de recabar información y pruebas que sostuvieran las acusaciones y, finalmente, archivando al no poder probar ningún extremo”.
El dirigente madrileño, que ha reiterado su “respaldo” al alcalde de Móstoles, ha avanzado que estudiará posibles acciones legales contra la exconcejala por actuar, según sostiene, de “mala fe” y “prefabricar pruebas” contra el partido por una “vendeta personal”, al grabar conversaciones tras las acusaciones dirigidas al regidor.