El Partido Popular ha trasladado este lunes al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sus condiciones al decreto anticrisis en materia de IRPF y de política nuclear, y ha reclamado que se consulte a las Comunidades Autónomas sobre las rebajas fiscales incluidas.
En una carta firmada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, la formación comunica al ministro que consideran “correcto” que el texto incorpore las rebajas de impuestos defendidas por los 'populares', pese a que, según recuerdan, fueron “hasta hace muy poco denostadas abierta e intensamente por el Gobierno”.
“Valoramos este cambio de opinión y que, por ejemplo, se recoja la reducción al 10 % del IVA a los combustibles, a la electricidad y al gas”, señala el PP en la misiva, donde también se refiere a la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad, a las ayudas extraordinarias de 0,20 euros por litro de gasóleo para el transporte profesional por carretera y para agricultores, ganaderos y pescadores, así como a la compensación por costes indirectos de CO2 para la industria en riesgo de fuga de carbono.
Aun así, el partido ve “insuficiente” el decreto para afrontar “a la situación que están padeciendo los ciudadanos y las empresas españolas”, al entender que “no incorpora las medidas más adecuadas para garantizar una respuesta integral y estructuralmente sólida a la crisis”.
Entre las carencias “más significativas”, el PP subraya que el texto “no contiene ninguna medida de actualización de los parámetros” del IRPF, lo que, a su juicio, “supone una subida encubierta de impuestos sobre las clases medias, especialmente sobre las familias con hijos”.
“Esta distorsión, lejos de corregirse, se va a agudizar como consecuencia directa de la subida de precios asociada al encarecimiento energético. Es incomprensible que un decreto de ayudas olvide a las familias en este contexto”, afirma la dirección de Alberto Núñez Feijóo.
El PP considera además que debe revisarse “el carácter permanente de varias medidas” recogidas en el decreto. En concreto, reclama suprimir por completo el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y mantener la bonificación del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva.
Defensa de las centrales nucleares
En el ámbito energético, los 'populares' sostienen que el decreto “contradice” el objetivo de “hacer la economía española más resistente frente a futuros shocks energéticos”, ya que, a su entender, la disposición final faculta al Ejecutivo “para declarar nudos de transición justa adicionales en los emplazamientos de centrales nucleares en proceso de cierre”, lo que, en la práctica, respalda el calendario de desmantelamiento nuclear.
Por ello, el PP rechaza que pueda sostenerse que se pretende “garantizar la seguridad de suministro y, simultáneamente, mantener activo un plan que eliminará progresivamente la fuente de generación más estable y descarbonizada del sistema eléctrico español”. Frente a ello, reivindica que “una política energética sensata” pasa por asegurar la continuidad de las centrales nucleares.
Reclamo de información a las Comunidades Autónomas
En otro orden de cosas, el partido alerta de que la disposición final del decreto podría llegar a “obviar el control parlamentario” sobre determinadas partidas de gasto público ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en vigor.
“En la práctica, supondría que el Gobierno podría financiar cualquier política destinada a extender las prestaciones no contributivas automáticamente y sin límite de cuantía”, expone el PP.
Pese a sus críticas, los 'populares' destacan que, dado que el decreto tendrá vigencia durante 30 días, existe “tiempo suficiente para que el Gobierno pueda incorporar estas cuestiones y dar, de este modo, una respuesta completa a las necesidades de las familias”.
En paralelo, reclaman aprovechar ese margen para “abrir un imprescindible proceso de información a las Comunidades Autónomas, que al fin y al cabo van a asumir financieramente el 50% de las rebajas fiscales propuestas y deben ser escuchadas y respetadas”.