El PP ha formalizado en el Senado una solicitud para constituir una comisión de investigación que permita examinar y valorar “la gestión, desde junio de 2018 hasta la actualidad, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de Renfe y de Adif en materia de mantenimiento, seguridad y fiabilidad del sistema ferroviario español”.
Con su mayoría absoluta en la Cámara Alta, los 'populares' pretenden que esa comisión abarque el estudio de los contratos adjudicados por Adif y Renfe, los expedientes de riesgos de todas las obras de renovación de las líneas de Alta Velocidad y el seguimiento de las “inversiones destinadas al mantenimiento y a la seguridad ferroviaria desde 2018”, año en el que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno.
El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo argumenta que el sistema ferroviario nacional “atraviesa desde hace años un proceso continuado de deterioro operativo, técnico y de fiabilidad que ha dejado de ser coyuntural para adquirir un carácter claramente estructural”.
Según el PP, “este deterioro afecta al conjunto de la red ferroviaria, tanto convencional como de alta velocidad, y se manifiesta en la proliferación de incidencias graves, retrasos sistemáticos, cancelaciones, restricciones de velocidad, vibraciones excesivas, fallos recurrentes de infraestructura y material rodante, descarrilamientos, deficiente información a los viajeros y una pérdida progresiva de confianza por parte de usuarios y profesionales del sector”.
Alza de accidentes y descarrilamientos
En su iniciativa, el Grupo Popular subraya que las estadísticas oficiales recogen “un incremento significativo de los accidentes ferroviarios desde 2018, con un máximo histórico en 2023 y una evolución posterior que no corrige el deterioro acumulado”. A su juicio, de forma “especialmente alarmante”, los descarrilamientos “han experimentado un crecimiento anómalo, situando a España entre los países europeos con peores indicadores de seguridad ferroviaria en los últimos años”.
Para el PP, estos problemas no responden a “episodios aislados”, sino que se enmarcan en un escenario de “infraejecución prolongada de la inversión ferroviaria en materia de mantenimiento y seguridad”. Añade que este contexto se habría visto empeorado por el aumento de “la presión operativa derivada de la liberalización del transporte de viajeros, sin que conste un refuerzo previo, suficiente y acreditado de los recursos destinados al mantenimiento, la supervisión y el control de la infraestructura común”.
En este marco de “deterioro acumulado”, el escrito del PP sitúa el accidente de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero, con 45 víctimas mortales y decenas de heridos, y el posterior descarrilamiento en Gélida (Barcelona) el 20 de enero, que se saldó con la muerte de un maquinista y numerosos heridos. Ambos siniestros, sostiene, han evidenciado “deficiencias graves en el estado de la infraestructura, en los sistemas de inspección y mantenimiento, en la gestión del riesgo y en la respuesta institucional posterior”.
El grupo parlamentario concluye que la reacción del Ministerio de Transportes tras estos accidentes “ha evidenciado déficits relevantes en transparencia, rendición de cuentas y asunción de responsabilidades políticas”, así como “una preocupante falta de atención a las advertencias formuladas desde hace años” por los maquinistas.
Ámbitos de la investigación parlamentaria
La propuesta del Grupo Popular, encabezado en el Senado por Alicia García, plantea que la comisión de investigación se centre en la actuación del Ejecutivo de Sánchez desde 2018. Entre los asuntos que quiere someter a escrutinio figuran “la planificación, ejecución y control de las inversiones destinadas al mantenimiento y a la seguridad ferroviaria desde 2018”, la situación de las redes de Cercanías y Rodalies, y la gestión de las Limitaciones Temporales de Velocidad y su repercusión en la seguridad y en la calidad del servicio.
El PP pide igualmente que se estudie la estructura de dirección y los procesos de toma de decisiones en Adif y Renfe y “su influencia en la continuidad y eficacia de la gestión”, así como la respuesta institucional ante los accidentes ferroviarios graves y el grado de atención prestado a las recomendaciones técnicas y profesionales.
El documento registrado en la Cámara Alta reclama, además, un análisis de “la adecuación de los sistemas de inspección, control y protección de la circulación ferroviaria a las condiciones de la infraestructura y densidad de tráfico; la situación actual de los sistemas de comunicación y localización en todos los trenes que sirvan para ubicarlos de manera exacta y en tiempo real; y los expedientes de riesgos de todas las obras de renovación de las líneas de Alta Velocidad, y en particular de la línea Madrid-Sevilla.
El PP insta también a revisar los contratos adjudicados por Adif y Renfe, sobre todo los vinculados al mantenimiento, conservación, seguridad y sistemas críticos, evaluando su ejecución, control, cumplimiento y efectos sobre la seguridad. Del mismo modo, solicita un análisis de las condiciones laborales y reclama aclarar si se produjo la “supresión de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis”.
Críticas por incumplimientos normativos
En el texto, los 'populares' ponen el foco en los “incumplimientos legislativos” que atribuyen al Gobierno, entre ellos la falta de desarrollo de un Plan de choque ferroviario, un plan de atención urgente a los pasajeros y un protocolo de análisis de incidencias en la red, previstos en la Ley de Movilidad Sostenible.
Asimismo, denuncian que sigue sin aprobarse el Estatuto orgánico contemplado en la Ley 2/2024, de 1 de agosto, que crea la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Igualmente, señalan que no se ha incorporado al ordenamiento español la directiva europea sobre resiliencia de las entidades críticas, “cuyo incumplimiento ha motivado que la Comisión Europea, en julio de 2025, la emisión de un dictamen motivado en el marco de un procedimiento de infracción”, según el PP.