El Partido Popular ha registrado en el Congreso varias solicitudes de comparecencia dirigidas a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. La intención del grupo popular es que acudan a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para detallar la planificación estratégica y la ejecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa previstos para los ejercicios de 2025 y 2026.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado al Ejecutivo que ya cuenta con "nuevos compromisos de inversión que cumplir" en materia de Seguridad y Defensa en 2026 mientras continúa operando con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023 y sin trasladar al Parlamento la información sobre las modificaciones en las cuentas públicas.
Como ejemplo de esta falta de transparencia, Gamarra ha mencionado el despliegue de la fragata Cristóbal Colón al conflicto en Irán "sin consentimiento ni autorización ni explicaciones en el Congreso" y la transferencia de 1.339 millones de euros aprobada en el último Consejo de Ministros, igualmente sin dar cuenta a las Cortes, tal y como ha remarcado el PP en un comunicado.
En sus peticiones, el PP reclama que el Gobierno aclare la capacidad industrial y tecnológica de "quienes han sido adjudicatarios de los 33.936 millones de euros que el Gobierno ya ha adjudicado en gasto en Seguridad y Defensa durante el 2025", así como los criterios de subcontratación, los mecanismos de financiación empleados y las partidas presupuestarias que se han visto afectadas para sufragar estos nuevos compromisos, y que además "dé cuentas detalladas de la Planificación prevista para 2026".
Los populares ya habían pedido en noviembre la comparecencia de Robles y Hereu en la Cámara Baja para que explicaran los procesos de adjudicación de los programas incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, además de los criterios utilizados para la concesión de préstamos directos. Según el PP, la titular de Defensa ha evitado desde entonces someterse a las sesiones de control al Gobierno y ha "bloqueado" su presencia en el Congreso.
"En este sentido, el PP pretende garantizar que las adjudicaciones no atienden a criterios arbitrarios y, de forma muy especial, que puedan dar respuesta en plazo y forma a las necesidades reales y específicas de las Fuerzas Armadas", ha expresado el PP.