El PP ha reiterado este martes ante el Tribunal de Cuentas su petición de que se impida el pago a Bildu de las subvenciones electorales correspondientes a las municipales de 2023 por haber incluido a etarras en sus candidaturas. El órgano fiscalizador ya había señalado anteriormente que esa función no le corresponde, sino que es competencia del Ministerio del Interior, encargado de conceder esas ayudas y que ya concluyó que todos los aspirantes de la coalición firmaron documentos en los que renunciaban a la violencia.
La polémica se originó hace casi un año dentro del propio Tribunal de Cuentas, durante el debate en Pleno del informe sobre las elecciones. Entonces, cuatro consejeros propuestos en su día por el PP recordaron que Bildu presentó en aquellas listas a 23 personas que habían cumplido condena por delitos de terrorismo y subrayaron que el artículo 127.4 de la Ley Electoral impide subvencionar a formaciones que integren condenados por terrorismo, salvo que hubieran “rechazado públicamente los fines y los medios utilizados”.
Dudas de los consejeros afines al PP
En un voto particular recogido por Europa Press, estos consejeros defendían que el Tribunal de Cuentas debía frenar el pago de las subvenciones electorales a Bildu hasta comprobar que los candidatos condenados por terrorismo ratificaban de forma expresa su rechazo a la violencia.
No obstante, en el Pleno del Tribunal de Cuentas presidido por Enriqueta Chicano se impuso la tesis mayoritaria, que sostiene que la verificación del rechazo al terrorismo no corresponde al órgano fiscalizador, sino a quien gestiona los pagos, es decir, la Dirección de Política Interior del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Cuando Interior reclamó explicaciones por la presencia de condenados por pertenencia o colaboración con ETA en las listas de Bildu, la formación abertzale remitió declaraciones individuales firmadas por todas las personas incluidas en la relación remitida por el Tribunal de Cuentas, fechadas antes de la proclamación de candidaturas, en las que se explicitaba su rechazo a la violencia.
“Como desarrollo de los principios y valores del Código Ético firmado, donde por un lado el diálogo, la negociación y el acuerdo son la base de cualquier método de trabajo y, por otro, el máximo respeto mutuo es la base entre quienes conforman la comunidad de EH Bildu así como con el resto de la ciudadanía, declaro que, hago mías las bases ideológicas y objetivos políticos de EH Bildu, rechazando con ello cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos”, recoge el texto firmado por los candidatos de Bildu.
Subvenciones de 1,3 millones y choque con el PP
A la vista de estos escritos, Interior dio por satisfecho el requisito legal de rechazo al terrorismo y comunicó al Tribunal de Cuentas que había adoptado las medidas necesarias para proceder al pago de las subvenciones reclamadas por la coalición encabezada por Arnaldo Otegi, que en aquellas elecciones municipales se situaron en torno a 1,3 millones de euros.
El PP, sin embargo, cuestionó la credibilidad de esas declaraciones firmadas por los candidatos de Bildu y sostuvo que el órgano fiscalizador debió “manifestar al menos dudas razonables” sobre la presencia de condenados por terrorismo en las listas de la coalición, aunque la decisión final sobre el abono de las ayudas correspondiera después al Ministerio del Interior.
Por este motivo, el PP impulsó una resolución para exigir al Tribunal de Cuentas “una fiscalización de los adelantos de subvenciones percibidos por EH Bildu como ingresos en las elecciones locales del día 28 de mayo de 2023”, un texto que salió adelante en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) el pasado mes de junio con el respaldo de Vox.
Al comprobar que el Tribunal de Cuentas no ha programado todavía ese nuevo informe, el PP ha presentado una queja ante la Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta y se ha acordado reiterar formalmente la resolución al órgano fiscalizador.
“Es gravísimo que el Tribunal de Cuentas pretenda saltarse la ley y no cumplir el requerimiento del Parlamento de completar la fiscalización de las subvenciones por las elecciones municipales, dando luz verde a las ayudas para una formación como Bildu, que ha llevado a condenados por terrorismo en sus listas, quienes, además, no se arrepienten de los delitos cometidos --ha denunciado en la red social X la dirigente del PP Cuca Gamarra--. No cabe la desobediencia a una solicitud de fiscalización aprobada por el Parlamento”.