El PSOE acusa al PP en el Senado de filtrar audios del apagón y sopesa acudir a los tribunales

El PSOE acusa al PP en el Senado de filtrar audios reservados sobre el apagón y se reserva acciones parlamentarias y legales por posible revelación de secretos.

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El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, durante un pleno en el Senado, a 9 de abril de 2025, en Madrid (España). Marta Fernández - Europa Press

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El PSOE ha acusado al PP en el Senado de haber filtrado a diversos medios de comunicación unos audios relativos al día del apagón eléctrico, unos materiales que, recuerdan, fueron declarados reservados. Por este motivo, el grupo socialista se ha reservado el derecho a emprender “cuantas acciones parlamentarias y legales resulten oportunas”.

Según sostiene el PSOE, la difusión de estos audios habría tenido un “efecto directo” sobre la comparecencia de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en la comisión de investigación del apagón.

Los socialistas presentaron un escrito dirigido al presidente de dicha comisión en el que denuncian la “quiebra evidente del deber de confidencialidad” tras hacerse públicas transcripciones literales de los audios incorporados al expediente parlamentario y sometidos a un estricto régimen de reserva.

El PSOE subraya que esta documentación, enviada por Iberdrola y relativa a comunicaciones con Red Eléctrica de España, fue catalogada como reservada por acuerdo de la Mesa de la comisión. En ese marco se fijó un protocolo reforzado de custodia, que contemplaba acceso limitado, supervisión presencial, prohibición de dispositivos electrónicos y conservación segura en dependencias del Senado.

“Estamos ante unos hechos de extrema gravedad que no solo vulneran el funcionamiento interno de la comisión, sino que pueden suponer un incumplimiento de los deberes legales de custodia y confidencialidad exigibles a los responsables públicos”, denuncia el PSOE en su escrito.

En esta línea, el grupo socialista alerta de que la divulgación de información clasificada como reservada puede acarrear responsabilidades disciplinarias, políticas e incluso penales, en el ámbito de los delitos vinculados a la revelación de secretos por parte de autoridades o funcionarios públicos.