El PSOE tiene previsto respaldar este martes en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley presentada por ERC, Bildu, el PNV, el BNG, Compromís y miembros de Sumar como los Comuns y Mes. El objetivo es que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a dirigirse en euskera, gallego o catalán a los órganos del Poder Judicial, a las instituciones constitucionales y a la Administración General del Estado “con plena validez jurídica” y sin que sea necesaria su traducción al castellano.
Se trata de la Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía, firmada por varios socios parlamentarios del Ejecutivo, que plantea la modificación de quince leyes estatales con la finalidad de reconocer la diversidad lingüística “de forma efectiva”.
La iniciativa fija obligaciones concretas de capacitación lingüística en el ámbito de la justicia, la función pública y la contratación administrativa, y establece mecanismos para garantizar el respeto al derecho de opción lingüística de la ciudadanía.
Desde el PSOE, el diputado Marc Lamuá ha explicado que su grupo permitirá que la propuesta inicie su andadura parlamentaria porque “siempre” ha defendido una España “diversa, plural y cohesionada”, y porque, a su juicio, proteger las lenguas del Estado es “cuidar la democracia” y asegurar su uso efectivo equivale a “garantizar derechos fundamentales”.
“No son privilegios, son derechos”
Lamúa ha subrayado que una de las grandes fortalezas de España es su pluralidad lingüística y ha recordado que la Constitución no sólo reconoce esa pluralidad, sino que la “exige”. “No se trata de privilegios, sino de derechos”, ha insistido el diputado catalán, que ha reprochado al PP y a Vox que transmitan a los millones de ciudadanos de Cataluña, País Vasco o Galicia que sus lenguas son “de segunda” y que repitan que los quieren dentro de España pero “callados o subyugados”.
En términos similares se ha pronunciado su socio en el Gobierno, Sumar, a través de siete diputados del grupo plurinacional. Aina Vidal, de los Comuns, ha defendido que esta norma “no es una concesión ni un privilegio sino el desarrollo de un mandato constitucional y europeo” frente a los “incumplimientos sistemáticos” en la defensa, promoción y garantía del uso de las lenguas oficiales distintas al castellano.
PP y Vox han recordado que el artículo 3 de la Constitución establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que el euskera, el catalán o el gallego también son oficiales, pero sólo en sus respectivas comunidades. Por ello, consideran que extender esa cooficialidad al conjunto del país supone “desbordar el marco constitucional”, según ha señalado la diputada del PP Marta Gonzalez, que ha acusado a nacionalistas e independentistas de “utilizar” políticamente las lenguas y al PSOE de ceder “siempre” a su “chantaje” y “exigencias”.
En la misma línea, el diputado de Vox Jorge Campos ha denunciado que quienes “pisotean” los derechos de los castellanohablantes en territorios como Cataluña, País Vasco o Galicia sean precisamente los que impulsan una proposición de ley que, a su juicio, pretende “acabar” con el español como lengua oficial de todos los ciudadanos. “A qué nivel de indigencia cultural ha llegado la izquierda separatista. No tienen vergüenza”, ha afirmado Campos.
Críticas a la “debilidad” del plurilingüismo
Campos respondía así al representante de ERC, Álvaro Vidal, primer diputado en defender el texto, que busca que los hablantes de catalán, euskera y gallego dejen de ser “ciudadanos de segunda” ante la Administración y poner fin a la “discriminación” que, según ha denunciado, padecen diariamente. “La debilidad del plurilingüismo en España es escandalosa”, ha lamentado Vidal, convencido de que esta ley permitirá corregir los “desajustes” generados por la “asimetría” del sistema lingüístico español. “Ya no hay excusas. Aunque tarde, ha llegado el momento de cambiar las leyes, y no las lenguas”, ha remachado.
Desde el PNV, el diputado Joseba Aguirretxea ha recalcado que esta norma “va de derechos, de libertad y de respeto” y responde a “una reivindicación histórica”. Por su parte, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha defendido que la propuesta busca equilibrar la “asimetría” entre el castellano y el euskera y reforzar la protección jurídica de este último. No obstante, ha aprovechado para acusar al PSOE de mantener una postura “tibia”, al considerar que se muestra favorable al euskera en Madrid pero lo “socava” en Euskadi.
La diputada de Junts Pilar Calvo ha manifestado que su formación comparte el objetivo de la proposición, aunque no haya estampado su firma, pero discrepa del marco constitucional en el que se encuadra. A su juicio, el catalán no necesita que el Estado español le garantice nada, sino que deje de “ahogarlo” y otorgue soberanía “plena” a Cataluña para regular su uso. Además, ha preguntado al PSOE si, además de votar a favor, se comprometerá a dar prioridad a su tramitación o la dejará también “colgada”.
En el Grupo Mixto, el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha acusado a PSOE y PP de “incumplir” el artículo 3.2 de la Constitución, que reconoce la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, y les ha responsabilizado de que, 47 años después de su aprobación, “España no sea un Estado social, ni de Derecho ni plurilingüe”.
Asimismo, la representante de Compromís en el Mixto, Águeda Micó, y el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, han coincidido en que la propuesta pretende asegurar que cualquier persona pueda relacionarse con el Estado en su lengua propia “sin pedir permiso” y acabar con los “incumplimientos sistemáticos” de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias.
Claves de la reforma y uso vehicular en la educación
Entre los ejes centrales de la reforma se incluyen cambios de calado en la Administración de Justicia, como la exigencia de conocimiento de la lengua propia para acceder a plazas en comunidades con idioma oficial distinto del castellano, la plena validez de los documentos judiciales sin traducción y la adaptación integral de los procedimientos administrativos y de las plataformas digitales a todas las lenguas oficiales.
La proposición también fija criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula sectores como consumo, seguridad, transporte o comunicación audiovisual, con el propósito de reforzar de manera notable la presencia y el uso de las lenguas oficiales diferentes al castellano.
En el ámbito educativo, la norma establece que la lengua propia de cada comunidad autónoma “será normalmente vehicular”, con la finalidad de asegurar que el alumnado domine tanto esa lengua como el castellano al término de la educación básica.