El PSOE ha vuelto a respaldar este martes en el Pleno del Congreso el recurso previo de inconstitucionalidad aplicado a los estatutos de autonomía y ha rechazado las críticas formuladas por sus aliados parlamentarios durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley del PNV que pretende modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC).
El portavoz de Justicia del PNV, Mikel Legarda, ha sostenido que la recuperación de esta figura por el Gobierno del PP en 2015 supuso “un acto de desconfianza preventiva de las Cortes Generales hacia sí mismas”, además de “arbitrario”, y lo ha descrito como “un instrumento de obstrucción previo” que coloca “en manos de la minoría parlamentaria, un instrumento de bloqueo de lo aprobado por la mayoría”, permitiendo “un auténtico veto político en manos de la oposición”.
Según Legarda, ese mecanismo “convierte, de hecho, al Alto tribunal en una tercera Cámara legislativa” y ha alertado del “riesgo de caer en la tentación de invadir la competencia del legislador condicionándolo”, con “arbitrismo o decisionismo judicial”.
Desde Junts, Josep Pagès i Masó ha criticado que la reforma de 2015 transformó “de la excepción la normalidad” y ha defendido que esa arquitectura fue diseñada por el PP y “mantenido” por el PSOE. Ha censurado que “hace ocho años que gobierna la izquierda española. ¿Cuántas de esas leyes del PP se han revertido? Ninguna, absolutamente ninguna”.
El diputado de ERC, Francesc Álvaro Vidal, considera “una cuestión de calidad democrática revertir lo que se hizo contra el sistema, pero sobre todo se hizo contra Cataluña”. Tras tildar aquella reforma de “vergüenza” y “escándalo”, ha rememorado que el Tribunal Constitucional “se convirtió en un jugador de parte” y con capacidad de “censura preventiva”, algo propio de una “república bananera”.
En nombre de Sumar, el parlamentario balear Vicenç Vidal ha reclamado “poner luz en la oscuridad” y deshacer la situación “que se creó de forma injusta” en 2015, subrayando que el TC “no puede ser una tercera Cámara”. “Al Tribunal Constitucional no lo ha votado nadie”, ha remachado.
Frente a estas posiciones, el socialista Artemi Rallo ha subrayado que el PSOE, cuando estaba en la oposición, apoyó la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos con la intención de evitar un escenario similar al del Estatuto de Cataluña, aprobado en referéndum y posteriormente recortado por el TC.
Un mecanismo para evitar choques institucionales
A su entender, la vuelta del recurso previo perseguía “atemperar y mitigar el potencial conflicto social e institucional derivado de la declaración de inconstitucionalidad, total o parcial, de una reforma estatutaria ya aprobada por un legislador autonómico cualificado e incluso ya refrendada por los ciudadanos”. Y ha insistido en que “no comparten que se trate de un control político, ni de un veto político, ni que desnaturalice el modelo de jurisdicción constitucional”.
Pese a ese respaldo de fondo, el PSOE se muestra favorable a que la iniciativa del PNV continúe su tramitación porque comparte su segundo objetivo: rebajar las sanciones incorporadas también en 2015 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para los cargos públicos que desobedezcan las sentencias del TC. Los socialistas consideran que se atribuyeron al tribunal de garantías “exorbitantes e innecesarias facultades” para imponer la ejecución de sus resoluciones.
En el bloque contrario a la propuesta se ha situado la diputada del PP Edurne Uriarte, quien ha asegurado que el problema de la proposición es que la formación que plantea suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad “no respeta la Constitución”, vinculando la iniciativa al “derecho a decidir” y a la búsqueda de “un nuevo estatus político”.
Vox propone un referéndum para ilegalizar a los separatistas
Por parte de Vox, Ignacio Hoces ha tachado la propuesta de “pura dinamita contra España” porque “los que sí que saben la literalidad de la palabra dinamita es Bildu”. Ha acusado al PNV de aspirar a un Tribunal Constitucional “sin capacidad de bloquear sus embestidas separatistas”.
“Si un político se salta la ley contra la unidad de España, más cárcel y ni indultos ni amnistías. Y les aseguramos que el único referéndum que ustedes van a querer votar va a ser el referéndum que nosotros vamos a convocar, para que todos los españoles decidan si quieren ilegalizar a los partidos separatistas”, ha advertido.