El PSOE ha enviado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid una serie de documentos en los que admite haber abonado un total de 15.612,04 euros brutos a la exmilitante socialista Leire Díez por trabajos de comunicación para el PSOE de Cantabria durante el año 2017.
No obstante, en esa misma documentación, adelantada por ABC y a la que ha tenido acceso Europa Press, el partido subraya que Díez “no ha tenido relación laboral ni consta que haya ocupado cargos orgánicos dentro del partido, si bien ha sido concejal en el Ayuntamiento de Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015 dentro del Grupo Municipal Socialista en ese municipio”.
Los escritos remitidos al juzgado detallan que Díez se dio de alta como militante socialista el 18 de abril de 2006 en la agrupación de Portugalete (Vizcaya), pasando después a la agrupación de Vega de Pas, y que causó baja el 4 de junio de 2025.
El magistrado había requerido al PSOE que aclarase si Díez “es o ha sido afiliada al PSOE y, en tal caso, fecha de alta y cese como afiliada”, y que precisara, en caso afirmativo, “desempeñó alguna actividad en el seno del partido y si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad”.
Paralelamente, el juez solicitó a la Comisaría General de Policía Científica que intentara mejorar el audio de la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa sobre su reunión con Díez, indicando que “en caso de no ser posible técnicamente se proceda a su transcripción”.
En cuanto al audio de la reunión con el imputado en un procedimiento sobre hidrocarburos Alejandro Hamlyn, el juez pidió igualmente que “se determine técnicamente si pudo ser efectuada por uno de los asistentes a la reunión o por un tercero extraño”.
Detención de Leire Díez y causa en la Audiencia Nacional
La Guardia Civil arrestó el pasado 10 de diciembre a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas.
La actuación forma parte de una operación todavía abierta, ordenada por la Audiencia Nacional dentro de una investigación dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción.
Además, Díez está imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en otra causa que instruye el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. En este procedimiento, el juez Arturo Zamarriego la interrogó el pasado 11 de noviembre por supuestamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
El instructor sostiene que la exmilitante y exedil socialista “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados, con el objetivo de “recabar información comprometida o irregular” para “anular o malbaratar” pesquisas en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”.
Díez manifestó el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos encuentros con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, pero recalcó que fueron reuniones en calidad de periodista y que no mantiene vínculo alguno con el partido ni ofreció contraprestaciones.
Durante su declaración como imputada, detalló su trayectoria profesional y explicó que en 2018 pasó al sector público al incorporarse a la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), integrada en la SEPI, donde, tras un “previo proceso de selección”, entró como “técnico de comunicación”. Según relató, permaneció en Enusa hasta 2021, cuando solicitó una excedencia voluntaria al presentarse a una oferta de empleo en Correos como jefa de Relaciones Institucionales.
Libertad con medidas cautelares y bloqueo de cuentas
Tres días después de las detenciones, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña acordó dejar en libertad con medidas cautelares a Leire Díez, a Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso.
Entre las medidas impuestas figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.
La semana pasada, la Audiencia Nacional decidió además bloquear las cuentas bancarias de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso dentro de la investigación sobre la presunta red de comisiones ligadas a ayudas y contratos públicos.
El bloqueo fue ordenado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, quien asumió inicialmente, por estar de guardia, las primeras diligencias del caso, que posteriormente pasó al juez Pedraz tras el reparto ordinario.
Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este mes por su presunta implicación en una trama que habría percibido 700.000 euros en comisiones “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI” en cinco operaciones distintas.
En esta causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, se investigan posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
De acuerdo con las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los tres investigados formarían parte de un grupo autodenominado “Hirurok” que “podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”.