El PP aprovechará su mayoría absoluta en el Senado para poner en marcha este miércoles la tramitación de una proposición de ley de “defensa y protección” de los símbolos nacionales, entre ellos la bandera y el himno de España, el escudo de la Casa Real y la imagen del Rey. El texto incorpora un régimen de sanciones para los cargos públicos, que incluye la prohibición de ser nombrados para un puesto de responsabilidad durante un máximo de cuatro años.
La iniciativa de los populares, a la que ha tenido acceso Europa Press, figura en el orden del día del Pleno del Senado de este miércoles y la mayoría absoluta del PP garantiza su aprobación inicial sin dificultades. Tras este primer trámite, la proposición de ley será remitida al Congreso de los Diputados, que deberá decidir si continúa con su tramitación parlamentaria o si la tumba.
Los senadores del PP argumentan que actualmente no existe una regulación específica sobre la defensa y protección de las banderas, escudos e himnos de España, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, más allá del delito de ultraje previsto en el Código Penal.
En este contexto, sostienen que esta proposición de ley “viene a llenar ese vacío normativo”, al fijar las obligaciones de defensa y protección de los símbolos oficiales del Estado. La norma se compone de once artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, organizados en tres capítulos diferenciados.
TAMBIÉN BANDERAS DE LAS CCAA Y LOS AYUNTAMIENTOS
A efectos de esta ley impulsada por el PP, se consideran símbolos oficiales la bandera, el escudo y el himno de España; la bandera, el escudo y el himno de las comunidades autónomas; la bandera, el escudo, el estandarte y el emblema de las entidades locales; así como el escudo y el estandarte de la Casa Real y la imagen del Rey.
El PP recalca que estos símbolos deberán exhibirse en sus respectivos ámbitos territoriales, salvo en los casos en los que, de forma ocasional, se coloquen otros símbolos como gesto de cortesía hacia otros Estados o comunidades con motivo de visitas oficiales.
Al tratarse de una norma de carácter administrativo y por el alcance personal que se le otorga, la protección de los símbolos se “circunscribe” al espacio físico, edificios y dependencias que sean de titularidad de cada administración pública.
Las obligaciones de defensa y protección se impondrán a los altos cargos, para los que se prevé un régimen sancionador graduado en función de la gravedad de las conductas.
Las infracciones calificadas como graves conllevarán la pérdida del derecho a percibir la indemnización por cese en el cargo, mientras que a las infracciones muy graves se añadirá la imposibilidad de que los responsables públicos o autoridades puedan volver a ser nombrados para un cargo de este tipo durante un periodo de cuatro años.