La reforma penal promovida por Junts para agravar las sanciones por multirreincidencia ha llegado al Senado, donde los grupos pretenden utilizar su paso por la Cámara Alta para incorporar cambios al texto: Vox exige la expulsión de migrantes que reincidan y el PP apuesta por un endurecimiento adicional de las penas.
El plazo para registrar enmiendas concluía este miércoles y, aunque la iniciativa de Junts fue respaldada en el Congreso por PSOE, PP, Vox y PNV, finalmente han presentado propuestas de modificación los socialistas, los 'populares', Coalición Canaria y la formación de Santiago Abascal.
En este escenario, el martes 10 de marzo se celebrará una reunión de la Comisión de Justicia del Senado para debatir las distintas enmiendas y aprobar el dictamen que posteriormente se someterá al Pleno de la Cámara Alta.
Conviene tener presente que el PP dispone de mayoría absoluta en el Senado, de modo que previsiblemente sacará adelante sus cinco enmiendas y las devolverá al Congreso para que se pronuncie sobre ellas. Quedará por determinar qué posición adopta respecto a las dos enmiendas del PSOE, las cuatro de Vox y la propuesta de Coalición Canaria.
El PP apunta a la Ley de Extranjería
Una de las enmiendas registradas por el PP pretende retocar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social —conocida como Ley de Extranjería— incorporando un nuevo artículo “con el objetivo de reforzar las garantías frente a la impunidad y la seguridad en España”.
Según argumentan los 'populares', “la multirreincidencia no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo”.
Por este motivo, plantean que todas las autorizaciones de residencia exijan que el solicitante carezca de antecedentes penales y que no sea sujeto de una pndencia penal suficiente en España o en los países donde haya residido con anterioridad por delitos tipificados en el ordenamiento español.
Igualmente, el PP propone que se deniegue la estancia o residencia cuando el extranjero haya sido condenado de forma firme como reincidente, y que, para valorar si existe una amenaza para el orden público o la seguridad ciudadana, la Administración recabe informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Además, los 'populares' incorporan un apartado por el que los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno iniciados por las causas previstas anteriormente no quedarán suspendidos en ningún caso por la presentación de una solicitud de estancia o residencia.
Vox presume de ir “más allá” del PP
En cuanto a Vox, la formación se jacta de ir “más allá” que el PP con sus enmiendas y plantea cambiar el régimen de sustitución de penas por expulsión aplicable a ciudadanos extranjeros.
Los dos senadores de Vox defienden que “cuando un ciudadano extranjero haya sido previamente condenado por sentencia firme por cualquier delito previsto en el Código Penal y vuelva delinquir --con independencia de la naturaleza de la nueva pena impuesta, ya sea de multa, prisión u otra distinta --, la pena correspondiente sea sustituida en todo caso por la expulsión del territorio nacional.
Asimismo, las enmiendas de Vox “suprimen la posibilidad de invocar el denominado arraigo como causa impeditiva de la expulsión”. “Y es que la apelación al arraigo ya ha demostrado que, pese a ser una cuestión excepcional, se ha usado de forma extensiva”, denuncia Vox.
El PSOE pone el foco en el ‘petaqueo’
Durante la tramitación en el Congreso, PP, PNV y Junts pactaron una enmienda 'in voce' que fija una pena de prisión de uno a cinco años por el llamado 'petaqueo', al considerarse que presta apoyo logístico a las narcolanchas al castigarse “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” vulnerando las leyes u otras disposiciones de carácter general.
El PP ha registrado otra enmienda sobre esta cuestión, además de una propuesta para reforzar las plantillas de fiscales, mientras que el PSOE plantea introducir un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para elevar las penas en los casos vinculados a delitos de cultivos 'indoor' de marihuana, donde es habitual el fraude en el suministro eléctrico.
Por otro lado, Coalición Canaria (CC) ha aprovechado la tramitación de esta norma para presentar una enmienda que amplíe las competencias del Cuerpo de Policía Canaria.
Por último, mediante una enmienda 'in voce' acordada por PP, PNV y Junts, se estableció una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado 'petaqueo' que resta apoyo logístico a las narcolanchas al castigarse “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.