El Pleno del Senado ha dado luz verde a la reforma del Código Penal promovida por Junts para endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia, incorporando varias modificaciones planteadas por PP, Vox y PSOE. Al haberse introducido cambios en la Cámara Alta, el texto debe regresar al Congreso de los Diputados, que tendrá la última palabra sobre su aprobación definitiva.
La propuesta, orientada a elevar las penas para quienes acumulan múltiples condenas, prosigue así su recorrido parlamentario después de que el Senado haya ratificado el dictamen salido de la Comisión de Justicia —aprobado con el apoyo del Partido Popular— y haya tumbado todas las enmiendas que se debatían en el Pleno.
Al haberse modificado el contenido durante la tramitación en el Senado, la norma vuelve ahora al Congreso, que decidirá si mantiene o corrige los cambios introducidos por la Cámara Alta.
En la sesión plenaria, los grupos han confrontado sus posiciones en torno a las enmiendas que quedaron vivas tras la Comisión de Justicia, en un debate polarizado entre quienes reclaman un mayor endurecimiento penal y quienes alertan de las consecuencias de esta vía.
Vox reclama la expulsión de extranjeros reincidentes
En el debate, Vox ha defendido varias enmiendas —ya rechazadas en comisión— dirigidas a agravar el tratamiento penal de los delincuentes extranjeros reincidentes, entre ellas la expulsión automática del país tras una nueva condena.
En su intervención, la formación de Santiago Abascal ha sostenido que cuando un extranjero reincide "demuestra una voluntad persistente de incumplir las normas que rigen la convivencia en España" y ha reclamado que el Estado actúe "con firmeza".
Asimismo, Vox ha planteado suprimir la posibilidad de invocar el arraigo para evitar la expulsión, al considerar que esta figura se ha utilizado de forma "extensiva".
Entre sus propuestas, también ha defendido que los delincuentes extranjeros cumplan sus penas en sus países de origen y que la expulsión conlleve la pérdida de ayudas públicas, ya que considera "incoherente" que quienes delinquen sigan accediendo a recursos públicos.
Sin embargo, todas estas enmiendas han sido finalmente rechazadas por el Pleno del Senado.
PSOE denuncia la "agenda ultra" y el enfoque punitivo
Por su parte, el PSOE ha defendido su voto particular frente a las enmiendas debatidas en el Pleno, en especial las impulsadas por PP y Vox, y ha advertido de que introducen una "agenda ultra" en la ley.
Durante su intervención, los socialistas han criticado que estas propuestas trasladan la idea de que la población migrante es delincuente y han advertido de que medidas como la expulsión automática suponen una "criminalización de la inmigración" y pueden vulnerar derechos fundamentales.
Asimismo, han insistido en que la multirreincidencia es un problema real de seguridad ciudadana, pero han rechazado vincularlo con el origen de las personas o endurecer el Código Penal sin tener en cuenta el contexto social.
Por su parte, los 'populares' han afirmado que "una democracia fracasa si no protege a la gente honrada frente a quien vive de violar la ley" y han denunciado que el sistema actual permite que algunos delincuentes "hurtan una y otra vez sin consecuencias".
En esta línea, han defendido las modificaciones introducidas en materia de extranjería, al considerar que "no se puede combatir eficazmente la multirreincidencia si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales accedan o mantengan autorizaciones de residencia".
Asimismo, han vinculado esta reforma con la necesidad de reforzar la seguridad en las calles y han señalado que la reiteración delictiva debe tener "consecuencias reales".
Por el contrario, otros grupos como Esquerra Republicana, EH Bildu o Izquierda Confederal han rechazado el enfoque de la reforma y han cuestionado su eficacia para reducir la delincuencia.
Durante el debate, han denunciado que se trata de una respuesta basada en el "punitivismo", que consideran "tan cruel como inútil", y han advertido de que el endurecimiento de las penas no resolverá el problema de la multirreincidencia.
En este sentido, han defendido que muchos de estos delitos están vinculados a factores como la exclusión social o la falta de oportunidades, por lo que han apostado por políticas preventivas y sociales.
Por su parte, Coalición Canaria ha criticado el rechazo por parte de los servicios jurídicos a su enmienda, que buscaba ampliar las competencias del Cuerpo de Policía Canaria para ejercer funciones de policía judicial, por considerarla "incongruente con la ley".
Cambios introducidos en el Senado
Durante su paso por la Cámara Alta, el PP ha aprovechado su mayoría absoluta en la Comisión de Justicia para incorporar varias modificaciones al texto, orientadas sobre todo a reforzar los controles en materia de extranjería.
Una de las enmiendas aprobadas altera la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social —la conocida Ley de Extranjería— con la finalidad de reforzar las garantías frente a la impunidad.
En este sentido, plantea que las autorizaciones de residencia requieran la ausencia de antecedentes penales tanto en España como en los países de residencia anteriores, así como la inexistencia de procedimientos penales relevantes.
Además, propone denegar la residencia a quienes hayan sido condenados como reincidentes y establece que la Administración pueda recabar informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para valorar posibles amenazas al orden público.
Por último, incluye que los procedimientos de expulsión no se suspendan por la solicitud de permisos de residencia.
En el caso de Vox, durante la tramitación sí se incorporó una enmienda relativa a la cooperación internacional para facilitar que los delincuentes reincidentes expulsados cumplan sus penas en sus países de origen.
En su tramitación en el Congreso, PP, PNV y Junts acordaron una enmienda 'in voce' que establece penas de prisión de uno a cinco años por el denominado 'petaqueo', vinculado al suministro de combustible a narcolanchas.
Además, el PSOE ha introducido modificaciones para incluir un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico en los casos vinculados a cultivos 'indoor' de marihuana, con el objetivo de endurecer las penas en estos supuestos.