El Pleno del Senado somete a votación este miércoles la reforma del Código Penal promovida por Junts para endurecer las penas por multirreincidencia. El texto ha incorporado varias modificaciones impulsadas por PP, Vox y PSOE, centradas sobre todo en la regulación de la situación de las personas migrantes, lo que obliga a que la norma regrese al Congreso para que se pronuncie sobre estas enmiendas y la deje definitivamente aprobada.
La propuesta, orientada a incrementar el castigo para los delincuentes reincidentes, sigue su curso parlamentario tras la inclusión de diversas enmiendas durante su paso por la Cámara Alta. En el Pleno se debatirán y someterán a votación las modificaciones que quedaron pendientes después de la Comisión.
Al haberse introducido cambios en el Senado, la ley deberá volver al Congreso de los Diputados, que tendrá que decidir si mantiene o tumba las alteraciones aprobadas por la Cámara Alta.
Vox planteó una modificación del régimen de sustitución de penas por la expulsión para ciudadanos extranjeros, una enmienda que fue rechazada en la Comisión de Justicia pero que volverá a discutirse este miércoles en el Pleno.
Por su parte, Coalición Canaria (CC) aprovechó la tramitación de la norma para registrar una enmienda con la que pretendía ampliar las competencias del Cuerpo de Policía Canaria, aunque esta propuesta fue finalmente inadmitida por la Mesa del Senado.
Enmiendas incorporadas por el PP
En cualquier caso, los 'populares' han utilizado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para introducir una enmienda destinada a impedir que migrantes con antecedentes policiales puedan beneficiarse de la reciente regularización masiva aprobada por el Gobierno.
Una de las enmiendas del PP, ya incorporada al articulado, modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como Ley de Extranjería, añadiendo un nuevo precepto “con el objetivo de reforzar las garantías frente a la impunidad y la seguridad en España”.
Según sostiene el PP, “la multirreincidencia no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo”.
Por este motivo, los 'populares' plantean que todas las autorizaciones de residencia exijan que el solicitante carezca de antecedentes penales y que no esté inmerso en una “pendencia penal suficiente” en España o en los países en los que haya residido con anterioridad por delitos tipificados en la legislación española.
Además, proponen que se rechace la solicitud de estancia o residencia cuando el interesado haya sido condenado de forma firme como reincidente, y que, para valorar si existe una posible amenaza para el orden público o la seguridad ciudadana, la Administración recabe informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El PP añade también que los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno iniciados por las causas previstas en la norma no quedarán suspendidos en ningún caso por la presentación de una solicitud de estancia o residencia.
En el caso de Vox, su enmienda establece que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno “suscribirá acuerdos multilaterales y bilaterales con otros Estados, y promoverá la aprobación de las normas apropiadas en el ámbito de la Unión Europea, al efecto de que la expulsión de delincuentes reincidentes del territorio español y su entrega a jurisdicciones extranjeras lleve consigo el cumplimiento en dichas jurisdicciones de las penas a las que les hayan condenado los tribunales españoles”.
El PSOE incide en el petaqueo y el fraude eléctrico
Durante la tramitación en el Congreso, PP, PNV y Junts pactaron una enmienda 'in voce' que fija penas de prisión de entre uno y cinco años para el llamado 'petaqueo', al penalizar “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” vulnerando las leyes u otras disposiciones generales, al considerar que presta apoyo logístico a las narcolanchas.
El PP impulsó también una enmienda específica sobre esta cuestión, además de otra para reforzar las plantillas de la Fiscalía. A su vez, el PSOE introdujo un cambio para incorporar un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico, con el fin de elevar las penas en los casos de fraude de suministro vinculados a cultivos 'indoor' de marihuana, donde es frecuente el enganche ilegal a la red eléctrica.