El Pleno del Senado tiene previsto votar este miércoles la reforma del Código Penal promovida por Junts para endurecer las penas por multirreincidencia. Al texto se le han añadido varias modificaciones impulsadas por PP, Vox y PSOE, centradas sobre todo en la regulación de la situación de las personas migrantes, lo que obliga a que la norma regrese al Congreso para que se pronuncie sobre estas enmiendas y la deje aprobada de forma definitiva.
La propuesta, orientada a incrementar el castigo para los delincuentes que reinciden, sigue su curso en las Cortes Generales tras haberse incorporado distintas enmiendas durante su paso por la Cámara Alta. En el Pleno se discutirán y someterán a votación las enmiendas que quedaron pendientes tras la fase de comisión.
Como consecuencia de las modificaciones introducidas en el Senado, la ley deberá volver después al Congreso de los Diputados, que será el encargado de decidir si mantiene o tumba los cambios introducidos en la Cámara Alta.
Entre las propuestas debatidas, Vox defendió alterar el régimen de sustitución de penas por expulsión aplicable a ciudadanos extranjeros, pero esta enmienda fue rechazada en la Comisión de Justicia y volverá a tratarse este miércoles en el Pleno.
Por su parte, Coalición Canaria (CC) aprovechó la tramitación de esta norma para registrar una enmienda con la que pretendía ampliar las competencias del Cuerpo de Policía Canaria, aunque la Mesa del Senado decidió no admitirla.
Enmiendas incorporadas en la Cámara Alta
En todo caso, el PP utilizó su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante una enmienda que persigue impedir que migrantes con antecedentes policiales puedan acogerse a la regularización masiva aprobada recientemente por el Gobierno.
Una de las enmiendas de los 'populares', ya incorporada al articulado, modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como Ley de Extranjería, añadiendo un nuevo precepto “con el objetivo de reforzar las garantías frente a la impunidad y la seguridad en España”.
Según argumenta el PP, “la multirreincidencia no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo”.
De este modo, plantea que todas las autorizaciones de residencia exijan que el solicitante carezca de antecedentes penales y que no tenga una pendencia penal suficiente en España o en los países en los que haya residido anteriormente por delitos tipificados en la legislación española.
Además, los 'populares' proponen rechazar las solicitudes de estancia o residencia cuando el interesado haya sido condenado en firme como reincidente, y prevén que, para valorar si existe una posible amenaza para el orden público o la seguridad ciudadana, la Administración recabe informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
También añaden que los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno iniciados por las causas anteriores no quedarán suspendidos en ningún caso por la presentación de una solicitud de estancia o residencia.
En cuanto a Vox, introdujo una enmienda que establece que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno “suscribirá acuerdos multilaterales y bilaterales con otros Estados, y promoverá la aprobación de las normas apropiadas en el ámbito de la Unión Europea, al efecto de que la expulsión de delincuentes reincidentes del territorio español y su entrega a jurisdicciones extranjeras lleve consigo el cumplimiento en dichas jurisdicciones de las penas a las que les hayan condenado los tribunales españoles”.
El PSOE refuerza la lucha contra el petaqueo y el fraude eléctrico
Durante la tramitación en el Congreso, PP, PNV y Junts pactaron una enmienda “in voce” que fija penas de prisión de uno a cinco años por el denominado “petaqueo”, es decir, el apoyo logístico a las narcolanchas, al sancionar “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” en contra de la normativa vigente.
El PP incorporó también una enmienda relativa a este fenómeno, además de otra para reforzar las plantillas de fiscales. A su vez, el PSOE impulsó una modificación para introducir un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico, con el fin de elevar las penas en los casos vinculados a los cultivos “indoor” de marihuana, donde es frecuente el fraude en el suministro de energía.