El Tratado de los Océanos, conocido también como Tratado de Alta Mar o BBNJ por sus siglas en inglés, comenzará a aplicarse este sábado 17 de enero tras alcanzar 83 ratificaciones —23 por encima del mínimo exigido— y un total de 145 firmas. Uno de los principales logros esperados de este instrumento internacional es la creación de una red global de Áreas Marinas Protegidas en aguas internacionales, entre las que podría incluirse la Corriente de las Islas Canarias, situada frente a la costa de África Occidental en el Atlántico.
Las negociaciones sobre este tratado arrancaron en 2004 y su objetivo central es proteger y asegurar un uso sostenible de los dos tercios de los océanos que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales. Se apoya en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, pero refuerza el marco jurídico para la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad marina, según la propia ONU. De este modo, establece una estructura de cooperación entre Estados y otros actores que será “crucial” para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y del Marco Mundial de la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal.
El acuerdo persigue “un reparto justo de los beneficios de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos (...) en beneficio de toda la Humanidad”. También contempla la creación de áreas protegidas con el fin de salvaguardar hábitats esenciales, especies amenazadas y fondos marinos, así como la obligación de evaluar el impacto de las actividades económicas. Paralelamente, pretende consolidar un régimen internacional para analizar las repercusiones de las actividades en alta mar sobre el cambio climático, la acidificación de los océanos y otros efectos ambientales.
El texto igualmente aspira a impulsar la cooperación y la transferencia de tecnología marina para apoyar a las Partes, especialmente a los países en desarrollo, en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Junto a ello, incorpora una base financiera para costear las medidas previstas y un mecanismo para la resolución de controversias.
Las primeras obligaciones desde la entrada en vigor
Entre las organizaciones más activas en defensa del tratado destaca la High Seas Alliance. Su coordinadora regional para Asia, Reza Sakharjahukos, detalló en una rueda de prensa esta semana que varias de las obligaciones incluidas en el texto se aplicarán de manera inmediata desde el día 17.
Así, los Estados parte estarán obligados a realizar una evaluación de impacto ambiental cuando exista alguna actividad prevista en zonas fuera de la jurisdicción nacional, o cualquier actividad dentro de su jurisdicción que pueda generar un impacto significativo en alta mar.
Del mismo modo, deberán poner en marcha las medidas políticas necesarias para garantizar la notificación, la presentación de informes y la distribución adecuada y en plazo de los beneficios procedentes de actividades vinculadas a los recursos genéticos marinos. Además, se comprometen a fomentar la cooperación internacional en investigación científica marina mediante el impulso y la transferencia de tecnología marina.
“Si bien algunas de estas obligaciones dependen de la puesta en funcionamiento de instituciones o comités en el marco de la BBNJ y de mecanismos como la sectorialización y el intercambio de información, no todas lo son. Un buen ejemplo es la cooperación. Existen numerosos ejemplos prácticos que demuestran que, en virtud de esta disposición, las partes de la BBNJ ya podrían tomar medidas a partir de ahora”, ha explicado.
Hacia una red de santuarios oceánicos de gran escala
Tras la entrada en vigor del tratado, los países deberán celebrar la primera Conferencia de las Partes antes del 17 de enero de 2027, reunión que tendrá lugar en Nueva York (EEUU). Organizaciones como Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF ya miran a los próximos pasos e instan a los gobiernos a aprovechar este momento para implicarse activamente en la designación de nuevas áreas marinas protegidas.
De acuerdo con Greenpeace, pasar del “1%” actual de áreas de alta mar protegidas al 30% en un plazo de cuatro años “requerirá que los gobiernos protejan áreas oceánicas más grandes que continentes enteros y que lo hagan más rápido que cualquier esfuerzo de conservación en la historia”.
“No podemos confiar en que los grandes actores de la industria pesquera prioricen la protección del océano y dejen de explotarlo con fines de lucro por iniciativa propia; necesitamos que los gobiernos les obliguen a hacerlo”, ha recalcado la responsable de la campaña de Océanos de la ONG, Ana Pascual.
En cuanto a España, la organización considera que ha llegado la oportunidad de que el Ejecutivo “reafirme su compromiso con la protección de los océanos, liderando propuestas para la designación de los primeros santuarios marinos en aguas internacionales”.
SEO/BirdLife, por su parte, subraya que su prioridad pasa ahora por “implicar a gobiernos, administraciones, sectores económicos y otros actores para informar y abogar por la designación y gestión eficaz de nuevas áreas marinas protegidas en alta mar vitales para las poblaciones de diferentes especies de mamíferos marinos, tortugas marinas o peces y, por supuesto, de aves marinas, asegurando la conectividad de sus rutas migratorias”.
En relación con España, la entidad ve factible que el país alcance la protección del 30% de su superficie marina de aquí a 2030. No obstante, advierte de que para que estas figuras de protección resulten verdaderamente eficaces es imprescindible desplegar planes de gestión que regulen las actividades con posible impacto sobre su conservación.
“Por el momento, solo unos pocos espacios marinos costeros de ámbito autonómico, y el monte submarino de “El Cachucho” en el Cantábrico, cuentan con planes de gestión aprobados. Para SEO/BirdLife este impulso internacional por la conservación de los espacios marinos, debe servir para que España avance en la ambición y dé el paso de trabajar desde la gestión para que España cumpla con los deberes”, ha incidido.
Desde WWF reclaman a gobiernos y empresas que colaboren estrechamente para aplicar el tratado de forma efectiva y animan a los Estados que aún no lo han hecho a adherirse al mismo.
“Ha llegado el momento de que todos los Estados y usuarios de los océanos colaboren de verdad para protegerlos: solo si situamos la salud de los océanos en el centro de la pesca, el transporte marítimo y otros usos, se conservará la vida marina y los servicios ecosistémicos para las generaciones futuras”, ha subrayado la experta en gobernanza y políticas oceánicas globales de la ONG, Jessica Battle.