El Tribunal de Cuentas ha advertido de que la Policía Nacional y, sobre todo, la Guardia Civil llevan años prestando servicio con “vehículos, aeronaves y embarcaciones con una antigüedad excesiva”, lo que implica “mayores gastos de mantenimiento y, en ocasiones, limitaciones en su operatividad”. Por este motivo, insta al Ministerio del Interior a elaborar un plan específico para renovar estos medios móviles.
Esta recomendación forma parte del informe de fiscalización sobre la planificación y gestión de las inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior en el periodo 2021-2023, donde se analiza el estado de conservación de instalaciones, medios materiales y sistemas de información.
El órgano fiscalizador ha revisado la eficacia de los principales programas de inversión y el uso de los fondos disponibles, recordando que Interior administra más de 3.800 inmuebles y cerca de 30.000 medios de transporte, entre vehículos terrestres, embarcaciones y aeronaves.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, subraya que, pese a que los fondos europeos han facilitado la compra de un “número muy significativo de vehículos menos contaminantes” (2.668 unidades para la Policía y 1.599 para la Guardia Civil), el parque móvil de ambos cuerpos seguía a comienzos de este año marcado por “una antigüedad significativa”.
Impacto en el trabajo diario de los agentes
Según detalla el informe, a inicios de 2025 un 21% de los turismos y un 26% de los todoterrenos de la Guardia Civil acumulaban más de 15 años o más de 300.000 kilómetros. En la Policía Nacional, el 35% de los vehículos superaba los 100.000 kilómetros, la mitad tenía más de cinco años y uno de cada cuatro rebasaba los 15 años.
En este escenario, el Tribunal de Cuentas advierte de que “las limitaciones en la renovación del material móvil condicionan el desempeño de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en la medida en que con frecuencia se operan unidades al límite o sobrepasando su vida útil” y plantea la necesidad de un plan de renovación de la flota de vehículos a medio y largo plazo.
En cuanto a los medios aéreos, el informe recoge que entre 2021 y 2025 el número de helicópteros operativos pasó de 63 a 56, pese a la entrega de 18 aparatos (nueve para cada cuerpo) del modelo H-135 entre 2022 y 2025. Además, se prevé que hasta 2026 se den de baja diez helicópteros fabricados antes de 1995.
Por ello, el Tribunal también propone un plan de sustitución progresiva de embarcaciones y aeronaves para mantenerlas en servicio “sin superar su vida útil” y “preferentemente” financiado con créditos consignados en la Sección del Ministerio del Interior de los Presupuestos Generales del Estado.
Dependencia de recursos extraordinarios
El informe remarca que la renovación de estos medios “depende de recursos extraordinarios y, con frecuencia externos, ya que la dotación ordinaria de los créditos de inversiones no permite financiar estas inversiones, que se corresponden con las más costosas de los elementos de transporte”.
El órgano presidido por Enriqueta Chicano concluye que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tampoco “dispone de recursos suficientes” en las cuentas públicas para otras actuaciones clave, como la construcción de centros penitenciarios, comisarías o cuarteles, por lo que se ve obligado a recurrir a financiación ajena.
Entre 2021 y 2024, los programas aprobados para infraestructuras penitenciarias, instalaciones de Policía, Guardia Civil, Secretaría de Estado de Seguridad y centros de internamiento de extranjeros sumaron 356 millones de euros, una cifra que “ampliamente” rebasa los 233 millones previstos en los Presupuestos para inversiones del Ministerio del Interior.
Además, el Tribunal explica que estos recursos se han articulado mediante planes asignados por la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda para su ejecución por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), lo que ha generado una “fragmentación en la consignación de los recursos” que “dificulta la cuantificación” de los mismos, la rendición de cuentas y la evaluación de su eficacia.
Un amplio parque inmobiliario con carencias
El informe constata que Interior gestiona uno de los mayores parques inmobiliarios de la Administración General del Estado, con más de 3.800 inmuebles. Destacan los 2.789 de la Dirección General de la Guardia Civil, los 921 de la Policía Nacional y los 115 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de los que 65 son centros penitenciarios.
Pese al esfuerzo inversor realizado entre 2021 y 2024 para modernizar infraestructuras y equipamientos, el Tribunal señala que continúa existiendo un “elevado número de instalaciones con deficiencias y en mal estado de conservación”.
En el caso de la Policía, desde 2019 se han cerrado seis dependencias “por inhabitabilidad” y otras seis presentan “graves patologías”. Además, el 10% de sus edificios tiene más de 50 años y el estado de conservación de más del 30% (313 inmuebles) se califica como “regular o malo”.
En la Guardia Civil, se ha procedido a la clausura de una treintena de dependencias y 73 edificios sufren patologías graves. Más del 55% del parque (1.066 inmuebles) supera el medio siglo de antigüedad, un 13% (253) se encuentra en “mal estado” o con deficiencias graves y, adicionalmente, el 14% de las viviendas operativas estaba inhabitable o en mal estado. Entre 2021 y 2023 se tramitaron 67 contratos de emergencia, por un importe superior a 56 millones de euros, para atender incidencias en edificios de la Benemérita.
“La dotación para la continuidad de estas inversiones de modernización sigue constituyendo un reto, siendo imprescindible abordar las inversiones más urgentes mediante la dotación presupuestaria oportuna”, recalca el informe.
Plan penitenciario y reformas pendientes
En paralelo, el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP) ha supuesto desde 1991 una inversión de 2.932 millones de euros, de los cuales 147 millones se han ejecutado entre 2021 y 2024, destinados a la construcción de 37 centros penitenciarios y 30 centros de integración social.
La última actualización de este plan, que prolonga su vigencia hasta 2028, contempla la edificación de dos nuevos centros penitenciarios y obras de reforma en otros 21. Sin embargo, sigue sin resolverse la construcción de una sede para los servicios centrales, lo que obliga a mantener un contrato de alquiler con un coste superior a 3,5 millones de euros anuales.
El Tribunal de Cuentas advierte, además, de que continúan pendientes diversas remodelaciones y persiste “un déficit de determinadas instalaciones especializadas (hospitales psiquiátricos penitenciarios, unidades de custodia hospitalaria, entre otras)”.