El Tribunal de Cuentas ha advertido sobre la "situación financiera crítica" que atraviesa Casa Árabe, hasta el punto de poner en duda la continuidad de este instrumento de diplomacia pública. Al mismo tiempo, señala al Ministerio de Asuntos Exteriores, del que depende este consorcio, por su insuficiente asistencia y supervisión y llama la atención sobre diversas "debilidades y deficiencias" detectadas.
Estas conclusiones se recogen en el Informe de fiscalización del Consorcio Casa Árabe relativo a los ejercicios 2023 y 2024, periodo en el que la entidad estuvo dirigida por Irene Lozano, ex diputada del PSOE y colaboradora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la elaboración de su 'Manual de Resistencia'.
Casa Árabe es un consorcio público de carácter interadministrativo creado en 2006 por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Córdoba y Madrid, donde dispone de dos sedes. Su finalidad es fomentar vínculos de beneficio mutuo entre España y el mundo árabe.
Tras revisar su gestión económico-financiera, su estructura interna y el desarrollo de sus funciones como herramienta de diplomacia pública en el marco de la Red de Casas, el Tribunal de Cuentas concluye que "la entidad se encuentra en una situación financiera crítica que afecta a su viabilidad, debido a los déficits anuales continuados y a las importantes deficiencias del inmueble de Madrid, lo que obliga a adoptar medidas urgentes para solventarlo".
El organismo fiscalizador detalla que se han registrado pérdidas recurrentes cercanas al millón de euros al año, con unos gastos ordinarios de gestión de 3,2 millones de euros en 2023 y 3,3 millones de euros en 2024, que se han cubierto tirando del remanente de tesorería.
En relación con la sede de Madrid, el informe subraya las "importantes deficiencias en las cubiertas, tejado, humedades y sistema de climatización" y advierte de que "si se hubiera de afrontar alguno de los gastos urgentes por dichas deficiencias, el remanente se agotaría en 2026".
Falta de control interno y planificación
Asimismo, el Tribunal pone de manifiesto que la entidad "carece formalmente de un sistema completo y estructurado de control interno, habiéndose observado debilidades y deficiencias relacionadas con la organización del personal, instrucciones, procedimientos y manuales internos de gestión económico-financiera, así como en el sistema de gestión y archivo documental", según el informe al que ha tenido acceso Europa Press.
El sistema de control interno "presenta carencias y debilidades que impiden evaluar adecuadamente los riesgos e inciden negativamente en la gestión", recalca el documento.
En esta línea, el Tribunal de Cuentas critica que Casa Árabe "no cuenta con un sistema de planificación por objetivos que reúna los requisitos legalmente prescritos y que permita efectuar un control de eficacia, ni ha recibido la dirección, asistencia y supervisión en la materia por parte del Ministerio, a pesar estar encuadrado como instrumento de diplomacia pública".
También se constata que "la planificación con la que cuenta no cumple con los requisitos del sistema que debería permitir ejercer el control de eficacia de su actividad" y que no se conoce "el grado de consecución de los objetivos pretendidos y su vinculación con los fines del consorcio" en relación con las actividades desarrolladas.
En el ámbito de recursos humanos, el informe subraya que Casa Árabe "carece de un instrumento formal en el que se establezca una relación de puestos de trabajo" y que tampoco existen procedimientos claros para cubrir vacantes y seleccionar personal, "siendo ello fuente de numerosas deficiencias e irregularidades en la cobertura de puestos".
Recomendaciones al Ministerio y al consorcio
Ante este panorama, el Tribunal de Cuentas formula diversas recomendaciones dirigidas tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores como al propio consorcio. Al departamento que dirige la política exterior, "en cuanto que principal administración financiadora" y responsable del control de eficacia, le insta a llevar a cabo "un estudio de viabilidad riguroso en el que se planteen todas las actividades realizadas y la oportunidad de las mismas, e incluso la propia existencia del consorcio a la vista de su verdadera repercusión en la función de participación en la diplomacia pública que motivó su creación".
"Dicho estudio y los que pudieran aportar las administraciones consorciadas", es decir, los dos ayuntamientos y las comunidades autónomas implicadas, "debería ser analizado por el Consejo Rector para adoptar las decisiones correspondientes".
En cuanto al consorcio, el Tribunal le reclama, entre otros aspectos, que corrija "las debilidades de control interno detectadas, mediante la aprobación e implantación de manuales en las distintas áreas de la gestión económica, y fortalecimiento del sistema de gestión y archivo documental" y que proceda a la elaboración de "un catálogo de puestos de trabajo completo con definición de funciones, cualificación y retribuciones".
Respecto a las dificultades financieras, el órgano fiscalizador propone intensificar "la búsqueda de patrocinios y colaboraciones en el entorno del mundo árabe: legaciones diplomáticas, empresas y entidades culturales y de otro tipo, que en definitiva se benefician también directa o indirectamente de las actividades del consorcio".
Por último, el Tribunal de Cuentas valora "positivamente" en su informe "la actitud mantenida por la actual dirección" del consorcio, encabezada desde febrero por el diplomático Miguel Moro, "con objeto de solventar algunas de las deficiencias señaladas que necesariamente deben ser asumidas e impulsadas por las administraciones consorciadas y singularmente por el Ministerio de adscripción que ejerce su supervisión y control".