El Pleno del Tribunal de Cuentas ha dado este lunes el visto bueno a su Programa de Fiscalizaciones para los ejercicios 2026 y 2027, en el que se contempla la elaboración de 118 informes. La mayoría de estos trabajos se impulsan por iniciativa propia y comparten un mismo objetivo estratégico: “Contribuir a una gestión de los fondos públicos eficaz, eficiente y transparente”.
El plan incorpora 67 nuevas actuaciones que se añaden a las fiscalizaciones ya en marcha. Según la previsión del organismo, en 2026 quedarán aprobados 75 informes, mientras que los 43 restantes se elevarán al Pleno a lo largo de 2027.
Por su procedencia, 17 de los 118 informes responden a un mandato legal y otros siete han sido solicitados por las Cortes Generales (Congreso-Senado). El resto, hasta un total de 94, son trabajos que el propio Tribunal ha decidido acometer de oficio.
En cuanto a las materias a examinar, 14 fiscalizaciones se vinculan de forma directa con la ejecución de grandes políticas públicas, entre ellas educación, inmigración, vivienda, protección frente a la violencia machista, gestión de desastres naturales y actuaciones relativas a la red de transportes.
Fiscalizaciones sobre inmigración y vivienda
En el ámbito migratorio, se revisarán las políticas de extranjería e inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las actuaciones del Ministerio del Interior en materia de inmigración, la gestión de fronteras y la actividad de la Oficina de Asilo y Refugio para la protección de personas inmigrantes.
Respecto a la vivienda, el programa recoge fiscalizaciones sobre el diseño y la aplicación de esta política por parte de los órganos competentes de la Administración General del Estado, la actividad de la SAREB (Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria) y la promoción y gestión de viviendas de protección pública en las comunidades autónomas.
En el campo de los transportes, el Tribunal examinará las actuaciones en materia de carreteras del Estado y las intervenciones sobre la red de titularidad estatal por parte de los administradores de infraestructuras ferroviarias.
Políticas sociales y Bono Cultural Joven
Junto a lo anterior, se incluyen ocho fiscalizaciones referidas a políticas sociales. En ellas se evaluarán la acción humanitaria impulsada por el Gobierno, el Bono Cultural Joven, la respuesta de las comunidades autónomas frente al acoso escolar, la atención en residencias para personas mayores y los servicios prestados por los ayuntamientos a las personas sin hogar.
El Programa Anual de 2026 vuelve asimismo a poner el foco en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con la previsión de 12 fiscalizaciones en los ámbitos estatal y local.
Entre las novedades destacan las actuaciones sobre los centros de asistencia integral a víctimas de violencia sexual, las subvenciones destinadas a la teleasistencia para la protección de víctimas de violencia machista y para la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. También se incluyen las fiscalizaciones del Plan Integral de Impulso a la Economía Social y de las actuaciones para la rehabilitación de edificios públicos de titularidad local.
Partidos, sector público y sostenibilidad ambiental
Las cuentas anuales del sector público y de los partidos políticos, así como su rendición, junto con las contabilidades de los procesos electorales, conforman otro bloque destacado, con 17 fiscalizaciones, casi todas ellas derivadas de mandatos legales.
Como viene siendo habitual, el programa incorpora 30 actuaciones centradas en las principales áreas de riesgo de la gestión pública, como la contratación, las subvenciones o el personal. Entre las principales novedades figuran el análisis del endeudamiento de la Seguridad Social con el Estado, las subvenciones al transporte aéreo, el seguimiento por medios telemáticos de las medidas en materia de violencia de género, los contratos de publicidad de determinados ministerios y las actuaciones de la Administración General del Estado para reparar los daños ocasionados por catástrofes naturales.
La actividad del Tribunal abarcará igualmente la organización y funcionamiento del sector público estatal, autonómico y local, con 18 fiscalizaciones, así como aspectos de sostenibilidad ambiental. En este último bloque se revisarán ámbitos como la prevención ante desastres naturales, la prevención de incendios forestales y las actuaciones dirigidas a la recuperación del Mar Menor.
Entre los organismos que serán objeto de examen figuran la Casa del Rey, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), RTVE, Paradores y los servicios autonómicos de atención de llamadas 112 ante situaciones de catástrofe.