Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha declarado recientemente que el Gobierno mantendrá su postura de apoyo al ‘interés superior del menor’ en situaciones similares a la de Juana Rivas, la cual deberá comparecer como investigada por no haber reintegrado a su hijo menor al padre, Francesco Arcuri, después de las vacaciones de Navidad.
En una rueda de prensa en la Euroárabe de Granada, Saiz ha enfatizado que la política del Gobierno siempre se centrará en la ‘defensa absoluta del principio que impera’ que es el ‘interés superior del menor y, por supuesto, en el acompañamiento y en la contundencia contra cualquier atisbo de violencia de género’, siempre respetando las decisiones judiciales.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha citado a Juana Rivas a declarar el 30 de octubre como investigada, tras la estimación parcial de un recurso de Francesco Arcuri por el archivo de una denuncia contra ella por supuesta sustracción de menores, presentada después de que el niño relatara episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y expresara su ‘terror’ a volver con él.
La Audiencia de Granada confirmó en marzo la decisión del Juzgado de Instrucción número 9 de esa misma ciudad de enviar el caso del hijo menor de Rivas a un tribunal en Cagliari, Italia, para continuar las investigaciones sobre los presuntos maltratos, con una audiencia programada para el 18 de septiembre.
En abril de 2021, el Tribunal Supremo ratificó la condena a Juana Rivas por un delito de sustracción de menores, aunque redujo su sentencia de cinco años a dos años y seis meses de cárcel, considerando que se trató de un único delito. Más tarde, un indulto gubernamental redujo su pena de cárcel a un año y tres meses y cambió la pena de inhabilitación para ejercer la patria potestad por 180 días de servicios comunitarios.