Este jueves se llevará a cabo una Junta Local de Seguridad en la que Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, y Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, se verán las caras en medio de un ambiente tenso debido a las recientes acusaciones mutuas de racismo y falta de seguridad relacionadas con el Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) de migrantes. Este centro, que se encuentra en el antiguo acuartelamiento Primo de Rivera en Alcalá de Henares, ha sido el foco de controversia desde su apertura en 2023.
La escalada de tensiones entre Martín y Piquet alcanzó su punto álgido tras la violación de una joven de 21 años cerca del CAED a finales de junio. Este incidente desató un intercambio de críticas, culminando en la censura de Martín durante el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con el apoyo del Partido Popular y Vox.
En respuesta a la agresión sexual, Piquet emitió declaraciones sobre la «sobreocupación» del CAED y su impacto en la seguridad local, aunque no atribuyó directamente el crimen a un migrante. No obstante, Martín condenó estas insinuaciones como racistas. Poco después, la Policía Nacional arrestó a un hombre de Malí, residente en el CAED, acusado de la agresión, y fue encarcelado por orden judicial.
Además, el CAED se convirtió en escenario de manifestaciones no autorizadas, que resultaron en enfrentamientos con la policía. Estas protestas fueron organizadas por grupos como Núcleo Nacional, que anteriormente había protestado frente a la sede del PSOE.
En el ámbito político, la tensión ha ido en aumento conforme Piquet exigía más seguridad y Martín criticaba la focalización en este caso específico, sugiriendo un trasfondo racista en la narrativa. Martín ha enfatizado en varias ocasiones la necesidad de combatir los delitos de odio y ha incluido este tema en su agenda oficial.
REPROBACIÓN DEL DELEGADO
Con el clima de tensión en su apogeo, el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares votó por la reprobación de Martín y solicitó al Gobierno central el cierre del CAED. Durante la votación, el Partido Popular lo describió como «un delegado ausente, servil y negligente». Miguel Ángel García Martín, consejero de la Comunidad de Madrid, expresó que la actitud de Martín ha sido objeto de críticas constantes por parte del Gobierno regional, calificando su gestión de autoreprobatoria.