El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha puesto en valor este viernes “el gran esfuerzo que estamos haciendo para aumentar la inversión ferroviaria” del Estado, destacando que “yaa se han acordado 1.800 millones de euros extra para desarrollo y mantenimiento ferroviario”, que se añadirán “a los 2.000 millones que había ya previstos para este año, así como una importante inversión en puestos de trabajo”.
En una rueda de prensa en Córdoba, junto a la candidata al Parlamento andaluz por Córdoba de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, ha remarcado que “van a ser 3.650 puestos de trabajo” y que “2.400 son puestos de trabajo nuevos para Adif”, además de “1.200 puestos de trabajo nuevos para Renfe y 50 puestos de trabajo para la Agencia de Seguridad Ferroviaria”.
El también portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados ha avanzado que su formación va “a trabajar para que ese incremento de los puestos de trabajo redunde en la provincia de Córdoba, especialmente en los servicios de Media Distancia que atraviesan el Valle del Guadalquivir”.
Con estas medidas se pretende responder a “esa importante reivindicación de los trabajadores de Renfe de la falta de plantillas, de las dificultades del servicio cuando, por cualquier impedimento, incluso tener que asistir a una consulta médica, no pueden ese día hacer su jornada y no hay quien lo sustituya. Además creemos que el futuro del servicio ferroviario exige la incorporación de gente joven”, ya que “rejuvenecer esas plantillas es fundamental”.
“En el caso de la provincia de Córdoba --ha proseguido--, en Izquierda Unida hemos estado muy insistentes, y en todo el Grupo Parlamentario de Sumar, en que no podemos hablar solo de mantenimiento, también tenemos que hablar de ampliación de servicios y de recuperación de los servicios de proximidad, de las cercanías, y de fortalecimiento de las medias distancias”.
Escudo social y apoyo a pensionistas
En otro orden de asuntos, Santiago ha recordado que “en breves días va a volver a discutirse en el Congreso de los Diputados el escudo social, que el Partido Popular y que Vox, junto a la derecha catalana de Junts, rechazaron e hicieron inviable su aplicación”, por lo que ha realizado “un llamamiento a que estas fuerzas de la derecha hagan el favor de respetar los derechos de los pensionistas” y respalden “a favor de la subida de las pensiones”.
Ha reclamado que no actúen “como hace unas semanas” y que en esta ocasión voten también “a favor de los bonos térmicos, de los bonos de electricidad para todas las personas que sufren pobreza energética, de votar a favor, y más en estos momentos, de esa transferencia añadida de 10.000 millones de euros para las comunidades autónomas, en un momento sobre todo en que Andalucía necesita una gran inversión·”.
En este contexto, ha señalado que el Gobierno de España “ya ha aprobado el Decreto de Emergencia de Protección Civil, que va a sufragar un 50% de los daños” provocados por el último temporal, pero ha advertido de que “el otro 50% de los daños los tienen que sufragar las administraciones territoriales”, criticando que “lo que es inconcebible es que en este momento el Partido Popular esté impidiendo que lleguen los recursos necesarios para esa financiación”.
Defensa de la sanidad pública
Por otro lado, Santiago ha querido “saludar” la decisión del Consejo de Ministros de aprobar el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, que busca derogar la Ley 15/1997, norma que posibilitaba la privatización de servicios sanitarios, y que responde a “una de las fundamentales y prioritarias reivindicaciones de la Marea Blanca, sin cuya labor, “probablemente este anteproyecto de Ley no habría sido aprobado. Ahora hace falta que haga todo su itinerario parlamentario y que voten a favor”.
En este sentido, ha reclamado “expresamente a la derecha, al Partido Popular y a Vox, que voten a favor”, con el objetivo de “garantizar una gestión pública preferente de la sanidad, para que la externalización de servicios sanitarios sea una excepción y no la regla, tal y como establece el anteproyecto, que no la prohíbe, pero sí que establece unos controles, como un sistema excepcional, sometido a permanente evaluación, justificación y temporalidad”.