La reforma del Código Penal conocida como Ley de Multirreincidencia, que fija penas de entre uno y tres años de prisión para quienes hayan sido condenados en firme por más de tres hurtos o delitos menos graves, empezará a aplicarse mañana viernes. La norma fue aprobada en el Congreso con el respaldo de PSOE, PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.
La propuesta, impulsada por la formación de Carles Puigdemont en 2024, logró salir adelante el 26 de marzo con los votos de la oposición, después de permanecer meses paralizada. No fue hasta marzo de 2025 cuando se registraron las enmiendas parciales y, a mediados de febrero del año siguiente, se llevó finalmente a debate en el Pleno del Congreso y, posteriormente, a votación.
Entre la presentación de las primeras enmiendas y la primera votación en la Cámara Baja, la iniciativa volvió a quedar bloqueada por el desacuerdo de algunos socios del Ejecutivo. Sin embargo, la ruptura del diálogo con el Gobierno anunciada por Junts llevó al PSOE a aceptar su reactivación y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia dio luz verde a la reforma.
Los socios minoritarios del Gobierno en el Consejo de Ministros, Sumar, junto a varios aliados habituales en el Congreso --Bildu, Podemos, BNG y Compromís--, se posicionaron en contra del cambio legal, mientras que ERC optó por la abstención en la votación.
Contenido principal de la reforma
Durante la tramitación en la Comisión de Justicia, PSOE y Junts ya habían pactado endurecer el castigo por el robo de teléfonos móviles hasta un máximo de tres años de prisión, además de agravar las penas para determinados delitos de estafa.
Tras su paso por el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, se aprobaron de forma definitiva la enmienda que establece penas de entre seis y 18 meses de cárcel o multas de uno a dos años para quienes defrauden energía destinada al cultivo de marihuana, así como la que contempla castigar con entre tres y cinco años de prisión el denominado 'petaqueo', relacionado con el suministro de combustible a narcolanchas.
En cambio, quedó rechazada otra propuesta del PP que planteaba obligar al Gobierno a incrementar durante dos años las plazas de la Fiscalía de área, provinciales y autonómicas, a razón de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 50.000.
El Ejecutivo podía haber visto peligrar la aprobación de estas dos enmiendas en el Congreso, pero finalmente no se sometieron a votación porque Moncloa vetó su tramitación al considerar que implicaban un sobrecoste presupuestario. La Mesa del Congreso, con la mayoría de PSOE y Sumar, avaló que el Gobierno ejerciera su prerrogativa para frenar propuestas que supongan un aumento del gasto público o una reducción de ingresos.
Según los cálculos del Ejecutivo, la enmienda relativa a extranjería habría obligado a crear 400 nuevas plazas de funcionarios en las comisarías de extranjería, con un coste medio de 42.000 euros por puesto, lo que elevaría el gasto en 16,78 millones de euros. En cuanto al veto a la ampliación de la plantilla de fiscales, el Gobierno argumentó que obligaría a convocar 491 plazas adicionales, con un coste estimado de 53,79 millones de euros.