El Congreso tumbó, el pasado 22 de julio con los votos en contra de PP, Vox, Podemos, Junts, BNG y UPN, el Decreto-ley 7/2025, conocido como ‘antiapagones’, que era la respuesta del Gobierno al apagón del 28 de abril. Poco después, el Ejecutivo comenzó a tramitar de urgencia (para acortar a la mitad todos los plazos) una norma alternativa, en la que mantenía alguno de los artículos derogados, aunque no los más importantes para las grandes eléctricas.
La nueva normativa es el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban determinadas medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico (se elige esta fórmula, y no la del Decreto-ley, para evitar que pase por la Cámara baja y soslayar el riesgo de una nueva derrota). Actualmente –según han confirmado fuentes ministeriales a Demócrata– está en el Consejo de Estado, que elaborará un dictamen garantizando la legalidad del texto. El plazo general es de dos meses, aunque si quien consulta declara la urgencia (como es el caso), éste se reduce a 15 días. Posteriormente, será aprobado por el Consejo de Ministros.
El Proyecto llega al Consejo de Estado tras finalizar, el pasado 11 de agosto, el periodo de presentación de alegaciones. Entre las que se han remitido, hay varias de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) –la patronal que engloba a varias grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa o edp–.
Las distribuidoras
En conversación con este medio, Paloma Sevilla, directora general de Aelec, asegura que les gustaría que se rescatarán todas las medidas incluidas en el Decreto-ley ‘antiapagones’, pero hacen especial énfasis en dos artículos que no están en el nuevo Proyecto, y sobre los que han presentado alegaciones.
Uno es el 19 del texto original, referente al ‘Mecanismo de planificación de posiciones para alimentación de demanda’. Lo que pretenden las eléctricas es que, si hay puntos en la red de transporte de energía que están libres y, por tanto, en los que sea posible introducir nuevas posiciones (conexiones), éstas sean cedidas a las distribuidoras.
Es decir, agregan, “la implementación de un mecanismo ágil, que permita la ampliación de posiciones en las subestaciones existentes, sin necesidad de pasar por el Consejo de Ministros y reconociendo y retribuyendo dichas inversiones”.
En el decreto ley derogado se establecen diversas circunstancias que deben darse para introducir nuevas posiciones, entre ellas, que “se hayan recibido solicitudes de demanda susceptibles de ser conectadas a la red de transporte y no haya sido posible atenderlas exclusivamente por la inexistencia de posiciones disponibles”.
El segundo elemento clave es el antiguo artículo 20: ‘Alimentación de consumo a través de redes de transporte con funciones de distribución’. Con éste solicitan que también los distribuidores sean los encargados de llevar energía a esa nueva demanda, a través de las conocidas como redes de transporte con funciones de distribución.
¿Qué se mantiene?
Como ya informó Demócrata, entre los aspectos del derogado decreto que el Gobierno mantiene en el nuevo Proyecto, están algunos significativos como los mandatos de evaluación y supervisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a Red Eléctrica (Redeia).
La CNMC deberá evaluar las obligaciones de control de tensión y acometer un plan de inspección de las capacidades de reposición del sistema. Mientras que Red Eléctrica habrá de analizar, revisar y proponer cambios normativos respecto a oscilaciones de potencia, la velocidad de los cambios de tensión o los servicios de ajuste. Además de encargarse de la monitorización y remisión de datos o la inyección de potencia activa por parte de las eléctricas generadoras.
¿Hay riesgo de otro apagón?
Tras el apagón, Redeia puso en marcha lo que se ha denominado ‘sistema reforzado’. Esto implica, con una explicación somera y entendible, que haya centrales que se deben mantener en alerta para asegurar la estabilidad del suministro, que puede tener dificultades, apuntan en la OCU, sobre todo “en las horas en las que se produce más fotovoltaica, porque este sistema de generación no tiene capacidad para modular la tensión”.
Por ello, añaden, “Red Eléctrica debe reforzar la red parando la producción de algunas plantas fotovoltaicas y dejando a otras (normalmente térmicas o hidráulicas) dispuestas para actuar en cualquier momento”. Son los conocidos como “servicios de ajuste” y tienen un coste adicional, que la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, cifró en 371 millones de euros.
A los usuarios que están en el mercado regulado, se les ha incorporado el exceso provocado por los ‘servicios de ajuste’ directamente el coste en la factura. Según la OCU, acumulan un sobrecoste en los recibos desde el pasado mes de abril de 14,31 euros.
Quienes están en el mercado libre, y, por tanto, tienen un precio fijo acordado para todo el año, no han notado el incremento, aunque podrían aplicárselo en el futuro nuevo contrato, porque, previsiblemente (si la dinámica sigue) las venideras ofertas serán más caras.
¿Y esto sirve para que no haya un nuevo fundido a negro? En el Ministerio para la Transición Ecológica afirman que no hay ninguna evidencia de que pueda volver a ocurrir. Reconocen que ha habido “oscilaciones bruscas de la tensión”, que, “aunque han dificultado el funcionamiento, están muy lejos de los márgenes de seguridad”.
Es un “fenómeno nuevo”, afirman, y “Red Eléctrica no sabe a qué obedece, por ello quieren estar seguros de que pueden controlar esas modificaciones”.
¿Es la mejor solución?
Para Aelec, el problema “no es una anomalía técnica puntual, sino algo estructural, consecuencia de un modelo obsoleto y la falta de inversión en estabilidad”. La solución dada desde Redeia, subrayó recientemente la directora de Regulación de Aelec, Marta Castro, «no es a largo plazo».
Para ella, la operación reforzada está «impidiendo la transición energética, limitando la participación de las renovables, y, lejos de controlar el nivel de tensión, tiene un encarecimiento de los costes del sistema», por lo que estimó que es una medida que no puede perdurar en el tiempo.
Lo que propone Aelec es el control dinámico de tensión en todas las tecnologías, algo que, en muchos casos, “no requeriría de inversión adicional, siendo que solamente sería necesario habilitar las funciones ya disponibles en los inversores”, destacan.
Además, aboga por la inversión en red y tecnología, con la instalación urgente de reguladores de voltaje en los puntos críticos de la red; y por unas normas técnicas coherentes y coordinación institucional.