En la reciente visita de la Comisión de Venecia a España, Esquerra Republicana (ERC) ha expresado su preocupación por lo que consideran una actuación parcial de la judicatura española, lo que impide la correcta aplicación de la Ley de Amnistía y otras legislaciones aprobadas por las Cortes Generales.
Los representantes de ERC han comunicado a este organismo europeo, durante sus encuentros con las comisiones de Justicia del Congreso y el Senado, que la transición democrática en el ámbito judicial no se ha realizado completamente, manteniendo a jueces del anterior régimen franquista en sus puestos. ‘Y un ejemplo de ello es el Tribunal de Orden Público, reconvertido en la actual Audiencia Nacional, sin ningún proceso de depuración ni renovación democrática real’, han señalado desde Esquerra.
Según Sara Bailac, portavoz republicana en el Senado, esta ‘falta de imparcialidad’ es la razón por la cual ‘muchos tribunales no aplican la Ley de Amnistía y otras normativas democráticamente aprobadas’.
EL CGPJ EJERCE FUNCIONES ‘POLÍTICAS’
ERC ha destacado ante la Comisión de Venecia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se limita a funciones jurídicas, sino que también asume roles políticos, administrativos, disciplinarios y de promoción en la carrera judicial. Han criticado ‘numerosos casos de nombramientos escandalosos sin mérito ni capacidad, que evidencian una dinámica de opacidad y de falta de responsabilidad democrática’.
La independencia judicial debe implicar responsabilidad y no impunidad, como ha indicado la senadora Laura Castel. Además, ERC ha subrayado la necesidad de revisar profundamente el CGPJ, argumentando que la mayoría de las asociaciones de jueces y magistrados en España son conservadoras, lo que no refleja la diversidad ideológica del país.
‘Todo ello –resumen en ERC– genera un sesgo ideológico profundo en la alta judicatura española que, en los últimos años, ha desembocado en un activismo político abierto, incluyendo actos de rebeldía frente a normas emanadas del legislativo, pone en cuestión la debida imparcialidad de los tribunales encargados de aplicar la Ley de Amnistía y evidencia un caso flagrante de politización de la justicia’, concluyen desde Esquerra.
Pilar Vallugera, diputada de ERC, también ha señalado que esta situación representa una ‘anomalía histórica’ y un problema grave actual, ya que la judicatura actúa como un actor político que ‘bloquea’ la voluntad popular expresada en las cámaras legislativas, evidenciando una ‘clara rebeldía abierta contra el Legislativo’.