Esquerra Republicana (ERC), Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han decidido no participar este martes en el acto solemne que se celebra en el hemiciclo del Congreso, presidido por los Reyes, con motivo de que la Constitución de 1978 pasa a ser la más longeva de la historia de España. Justifican su ausencia en que el actual marco constitucional no permite que sus territorios puedan votar sobre la independencia y en que la Monarquía fue instaurada por el dictador Francisco Franco.
Las tres formaciones exponen sus argumentos en el manifiesto “Naciones con pleno derecho a decidir, democracia para avanzar”, difundido horas antes del evento. En ese texto reafirman su apuesta por el “reconocimiento efectivo de las naciones que conforman el Estado y con el ejercicio pleno del derecho de autodeterminación” de sus respectivos territorios.
En el documento sostienen que la Constitución de 1978 “no nació de un proceso verdaderamente democrático ni implicó una ruptura real con el régimen franquista”, sino que fue consecuencia de un “pacto condicionado” por los límites fijados por las estructuras de poder heredadas de la dictadura.
Según su análisis, con la Carta Magna se consolidó “la negación de Galiza, Països Catalans y Euskal Herria como naciones” y de su derecho a decidir, al tiempo que se asentaba un “modelo social injusto para las mayorías sociales y trabajadoras”.
“Todo ello -añaden-- atado y bien atado mediante una monarquía impuesta por Franco y unos poderes estatales establecidos como garantes de esta negación de derechos y libertades. De aquellos polvos estos lodos”.
Modelo centralista y déficit democrático
Para ERC, Bildu y BNG, lejos de encarar la cuestión nacional o de reconocer el derecho democrático de cada pueblo a decidir su futuro, la Constitución vigente “asentó un modelo centralista que limita el autogobierno de los pueblos y subordina su voluntad a una concepción del Estado uniforme e indivisible”.
En su balance de estas décadas, afirman que “la experiencia de estas décadas evidencia que la llamada 'longevidad constitucional' no implicó la superación del déficit democrático de origen”, al tiempo que remarcan que “la longevidad de una norma no es garantía de calidad democrática” y que su “verdadera fortaleza” radica en la capacidad de “reconocer la diversidad, de respetar la voluntad popular, de permitir que los pueblos y naciones decidan libre y democráticamente su futuro y de blindar los derechos y libertades de las clases populares y trabajadoras”.
Las tres fuerzas soberanistas consideran que “la negativa sistemática a habilitar vías democráticas para que la ciudadanía gallega, catalana y vasca pueda pronunciarse sobre su estatus político demuestra que el actual marco es insuficiente para dar respuesta a las aspiraciones nacionales y sociales” de sus pueblos.
Insisten, además, en que “el reconocimiento de la plurinacionalidad no puede ser retórico ni subordinado”, sino que debe ser “político y efectivo”, lo que, a su juicio, implica que se traduzca en el libre y pleno ejercicio de la soberanía si así lo deciden “libre y democráticamente” sus ciudadanos.
En esta línea, sostienen que la Constitución de 1978 continúa bloqueando el “nuevo horizonte político y social” que defienden y que, para avanzar hacia un tiempo “verdaderamente democrático”, es necesario abrir un “proceso constituyente” que reconozca de forma explícita sus naciones, garantice el derecho de autodeterminación, permita ejercer la soberanía y posibilite construir, “desde el respeto y la igualdad, relaciones basadas en la libre voluntad de los pueblos para la construcción de un presente y futuro justo y libre”.