QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Esquerra Republicana (ERC) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso donde critica «la inacción internacional» ante la grave situación humanitaria en Sudán y urge al Gobierno a liderar un esfuerzo en la Unión Europea para establecer un cese al fuego que facilite la transición hacia un gobierno civil.
El partido catalán señala, en una información recogida por Europa Press, su compromiso con la paz y los derechos humanos, demandando una actitud «coherente» frente a las crisis humanitarias, ya sea en Sudán o en Gaza.
ERC destaca que Sudán enfrenta actualmente «la peor crisis de desplazamiento del mundo», con 12 millones de personas desplazadas y 25 millones enfrentando una emergencia alimentaria, incluyendo a numerosos niños. Las acciones violentas, los asedios y los crímenes han devastado al país, según informan.
El grupo liderado por Gabriel Rufián critica que la ayuda internacional ha sido «insuficiente», señalando que no se han reunido los 4.200 millones de dólares que la ONU estima necesarios para abordar la crisis, lo que ha llevado al Programa Mundial de Alimentos a reducir las raciones en hasta un 30%.
Francesc-Marc Álvaro, autor de la proposición, reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez por no ofrecer «vías de protección» adecuadas, manteniendo requisitos de visado que bloquean el acceso al asilo y eliminando las pocas opciones seguras para los refugiados sudaneses para llegar a Europa, lo que describen como «una carencia de compromiso con los derechos humanos», evidente también en otros conflictos como Gaza.
PIDE A ESPAÑA ACTUAR CON «DETERMINACIÓN» COMO EN GAZA
ERC insta al Gobierno a actuar con «determinación» y promover en la UE medidas efectivas para detener la violencia, proteger a la población civil y abordar la emergencia humanitaria. También demandan detener la venta de armas a los Emiratos Árabes mientras no se asegure el cumplimiento de embargos, investigar el tráfico de armas ilegales y promover desde la ONU un plan urgente de ayuda humanitaria.
Finalmente, sugieren una respuesta internacional para proteger a la población civil, especialmente a mujeres y niños, aumentar la ayuda de España y facilitar vías legales y seguras para aquellos que buscan protegerse internacionalmente.
