ERC ha lanzado una iniciativa en el Congreso solicitando que el Gobierno reconozca, investigue y repare los abusos, acosos y vejaciones sufridos en los cuarteles durante el servicio militar obligatorio en las décadas de 1980 y 1990. Según la propuesta, estos hechos afectaron a ‘miles de jóvenes’.
La proposición no de ley, que será debatida en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, se fundamenta en revelaciones del documental ‘Et faran un home’, que evidencia que muchos reclutas fueron objeto de malos tratos y agresiones en un ambiente que debería haber asegurado su protección y bienestar.
Además, el documental destaca que los líderes militares, ‘en muchos casos, incitaban y eran cómplices de estos abusos’ y muestra ‘un patrón de impunidad y negligencia institucional por parte de las autoridades militares y civiles’, denuncia ERC.
SUICIDIOS DOCUMENTADOS
Según datos del Ministerio de Defensa, entre 1983 y 2001 se registraron más de 300 suicidios en las Fuerzas Armadas, cifra que probablemente sería mayor si se consideraran las muertes bajo circunstancias sospechosas.
ERC señala que los mandos militares solían registrar las muertes como accidentales para evitar investigaciones. Tras la investigación del documental, varias familias descubrieron que la muerte de sus seres queridos fue un suicidio, resultado de los abusos sufridos en los cuarteles.
ERC subraya que estos casos no son aislados, sino que forman parte de una ‘dinámica estructural’ persistente a lo largo del tiempo, sin que las autoridades competentes hayan asumido responsabilidades.
La formación política catalana enfatiza que estos eventos son un ‘fracaso colectivo’ que requiere una ‘revisión exhaustiva y una reparación moral, simbólica y económica’ hacia las víctimas.
IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES
ERC exige una investigación ‘exhaustiva e independiente’, proteger a víctimas, testigos y familiares, y urge al Gobierno a reconocer públicamente los casos probados, identificar a los responsables y depurar responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales pertinentes.
Finalmente, propone establecer mecanismos de reparación que incluyan asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico para las víctimas y sus familias.