Esquerra Republicana promoverá una iniciativa en la Comisión de Interior del Congreso este miércoles, mediante una proposición no de ley (PNL), solicitando al Gobierno la regulación del software de espionaje en España para preservar los derechos fundamentales y evitar incidentes de vigilancia como los que se produjeron con ‘Pegasus’, que impactaron a políticos independentistas, letrados y periodistas.
ERC señala que el software de origen israelí ‘Pegasus’ fue empleado en dispositivos móviles de 65 líderes independentistas de 2017 a 2020, de acuerdo con un análisis de Citizen Lab. Además, la comisión de investigación del Congreso sobre la ‘Operación Cataluña’ pretende revisar este asunto, que tuvo lugar bajo la administración de Pedro Sánchez.
Desde el partido de Oriol Junqueras se propone una normativa que restrinja el uso de estos programas espía únicamente a situaciones de delitos graves o amenazas a la seguridad nacional, siempre con aprobación judicial previa y una verificación constante de su necesidad. También se demanda la prohibición de su uso contra ciertos grupos, como periodistas o políticos, excepto en circunstancias extraordinarias y justificadas.
ORGANISMO INDEPENDIENTE DE SUPERVISIÓN
La proposición incluye la formación de un ente independiente de supervisión, la obligación de emitir informes regulares sobre el uso e impacto de estas herramientas, la notificación a los afectados al concluir las investigaciones y la eliminación inmediata de datos irrelevantes recabados por estos medios. También aboga por regular la exportación y venta de estas tecnologías para prevenir su distribución a regímenes autoritarios y promover estándares internacionales de control.
El documento, que menciona específicamente el caso ‘Pegasus’ y el denominado ‘Catalangate’, alerta sobre las «graves vulneraciones del derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la participación democrática», y critica que las indagaciones mostraron «la falta de garantías jurídico-procesales y de mecanismos de control adecuados».
La exposición de motivos advierte que el mal uso de este tipo de software «pone en riesgo la democracia y el Estado de derecho», según la Comisión de Venecia, que sugiere la implementación de garantías de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como sistemas de transparencia y responsabilidad. Finalmente, la PNL urge al Gobierno a fomentar un debate parlamentario y social sobre el impacto del software de espionaje en los derechos fundamentales y comunicar estas medidas a la Comisión de Venecia, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.