QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, Esquerra Republicana presentará en la Comisión de Interior del Congreso una proposición no de ley (PNL) solicitando al Gobierno la regulación del uso del software espía en España, con el fin de proteger los derechos fundamentales y evitar incidentes de espionaje como los reportados con el software Pegasus, que impactaron a figuras del independentismo, letrados y periodistas.
ERC subraya que el software israelí Pegasus fue empleado en los dispositivos móviles de 65 líderes separatistas de 2017 a 2020, de acuerdo con un estudio de Citizen Lab. Además, la comisión de investigación del Congreso sobre la ‘Operación Cataluña’ está programada para revisar este incidente, que ocurrió durante la administración de Pedro Sánchez.
Desde el partido de Oriol Junqueras se exige la creación de una normativa específica que restrinja el uso del software espía solo a situaciones de criminalidad severa o amenazas a la seguridad nacional, siempre con autorización judicial previa y revisiones periódicas sobre su necesidad. También se pide prohibir su uso contra ciertos grupos vulnerables, como periodistas o políticos, excepto en circunstancias extraordinarias y debidamente fundamentadas.
ORGANISMO INDEPENDIENTE DE SUPERVISIÓN
La propuesta, según Europa Press, también propone la instauración de una entidad independiente de supervisión y la obligación de emitir reportes periódicos sobre el empleo e impacto de estas tecnologías, así como la notificación a los implicados al concluir las investigaciones y la destrucción inmediata de datos irrelevantes recopilados. Además, sugiere regular la exportación y comercialización de esta clase de tecnologías para impedir su venta a gobiernos autoritarios y promover estándares internacionales de control.
El documento menciona específicamente el caso Pegasus y el denominado ‘Catalangate’, destacando que el uso de ‘spyware’ ha infringido seriamente el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la participación democrática, y critica que las investigaciones mostraron ‘la falta de garantías jurídico-procesales y de mecanismos de control adecuados’.
Según la exposición de motivos, el mal uso de software espía ‘pone en riesgo la democracia y el Estado de derecho’, como alertó la Comisión de Venecia, que aconseja establecer garantías de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Por ello, la PNL concluye instando al Gobierno a fomentar un debate parlamentario y social sobre el impacto del software espía en los derechos fundamentales y a comunicar la adopción de estos compromisos a la Comisión de Venecia, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.
