El Gobierno ha dado luz verde a la puesta en marcha de una Agregaduría de Interior en la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado de Qatar, con sede en Doha. El objetivo es intensificar la colaboración bilateral en seguridad, lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado, según recoge el Real Decreto 40/2026, difundido este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La medida se inscribe en el refuerzo de los vínculos entre ambos países en el ámbito de la seguridad, tras la firma el pasado 10 de diciembre por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Qatar, de un plan de acción para ampliar la cooperación bilateral, en el que se subraya el papel del emirato como un “actor clave en la diplomacia y la resolución de conflictos”.
La norma recuerda que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de Consejerías y Agregadurías de Interior en aquellos Estados donde la actividad delictiva tiene impacto en España o donde la colaboración policial se considera prioritaria, y apunta que la evolución de la criminalidad organizada y de las amenazas terroristas obliga a revisar de forma periódica el despliegue exterior en materia de seguridad.
El Real Decreto fundamenta la creación de la Agregaduría en Qatar en motivos estratégicos y operativos, resaltando el aumento de la cooperación bilateral desde la Copa Mundial de la FIFA 2022 y la intensificación del diálogo con las autoridades qataríes en seguridad y formación policial. A ello se añade el rol del país como mediador en Oriente Medio, especialmente en relación con el conflicto en Gaza, tal y como subrayó Marlaska tras su reciente viaje a Doha.
La nueva Agregaduría de Interior quedará bajo la dependencia jerárquica del embajador de España en Qatar y, en el plano orgánico y funcional, del Ministerio del Interior, a través de la Subdirección General de Cooperación Policial Internacional, integrada en la Secretaría de Estado de Seguridad.
El texto precisa que la apertura de esta oficina no implicará un aumento del gasto público, ya que los costes de puesta en marcha, equipamiento y funcionamiento se cubrirán con los créditos presupuestarios ya existentes. La iniciativa cuenta con el informe favorable del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, emitido en su reunión del 17 de diciembre de 2025, así como con la conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y se ampara en la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales prevista en la Constitución.
La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.