España arranca 2026 con 52 iniciativas legislativas procedentes de la Unión Europea aún en fase de tramitación, de las que 23 están destinadas a trasponer directivas o a adaptar el ordenamiento interno a reglamentos comunitarios. Además, acumula 92 procedimientos de infracción abiertos con riesgo de sanción, en su mayoría por incumplir los plazos fijados por Bruselas, según el informe anual de la Oficina del Parlamento Europeo en España, presentado este martes en el Congreso por su directora, María de Andrés.
En detalle, las 92 infracciones activas responden principalmente a retrasos en la incorporación de la normativa europea. Hasta la fecha, solo dos de estos expedientes han desembocado en sanciones económicas: uno vinculado al tratamiento de aguas y otro relativo a la conciliación de la vida laboral y personal.
El documento constata también que el 45% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en 2025 tienen su origen en decisiones de las instituciones comunitarias. El año pasado, Congreso y Senado dieron luz verde a 29 leyes, de las cuales 13 se ajustan a la hoja de ruta marcada por la UE, bien por derivar directamente de directivas o reglamentos, bien por encuadrarse en el marco regulatorio impulsado desde Bruselas.
De esas 13 normas, cinco se centran en trasponer directivas europeas al derecho español o en adaptar la legislación ya existente. Entre ellas figuran la ley sobre seguros de automóviles, la norma de seguridad aérea que agiliza las compensaciones a pasajeros en caso de cancelaciones o retrasos en vuelos, el real decreto que incorpora la directiva sobre conciliación, la ley orgánica de eficiencia de la Justicia para proteger los intereses colectivos de los consumidores y la norma relativa al convenio con Navarra, que integra el impuesto del 15% a las multinacionales.
Las otras ocho leyes aprobadas en 2025 incluyen referencias o se apoyan en disposiciones europeas, respetando la orientación marcada por las instituciones de la Unión aunque no respondan de forma estricta a una obligación de trasposición concreta.
Mirando a 2026, permanecen en curso otras 52 iniciativas legislativas, de las que 23 tienen por objeto la transposición de directivas o la adaptación a reglamentos comunitarios ya aprobados.
MÁS TRANSPOSICIONES MEDIANTE NORMAS INFRALEGALES
En 2025, la influencia de las decisiones europeas sobre la producción normativa española se mantuvo en niveles similares a ejercicios anteriores, con un peso cercano al 50%, aunque con una ligera caída. No obstante, si se compara con 2024, casi se duplicó el número de reales decretos —normas infralegales que no pasan por el trámite parlamentario— utilizados para trasponer directivas o adaptar reglamentos de la UE.
En total, el Consejo de Ministros aprobó 48 disposiciones sin rango de ley para incorporar decisiones europeas. Entre ellas figuran la creación del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, la llamada directiva de desayunos saludables, las nuevas regulaciones sobre el DNI y los requisitos que fijan la vida útil de los neumáticos para cumplir con las obligaciones en materia de residuos y suelos contaminados.
DOS AÑOS DE PLAZO PARA ASUMIR LAS NUEVAS NORMAS
La producción normativa europea continuó avanzando en 2025, con la entrada en vigor de 48 nuevos reglamentos de aplicación directa en España. Además, el Diario Oficial de la UE publicó 19 nuevas directivas —como la relativa a las nuevas medidas sobre el permiso de conducir o la que facilita el sufragio activo y pasivo en la UE— que España deberá incorporar a su ordenamiento en un plazo medio de dos años mediante leyes nacionales.
De acuerdo con los datos de noviembre de 2025 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, España tiene pendientes de trasponer 101 directivas europeas. De ellas, 51 se encuentran todavía dentro del plazo establecido, mientras que las 50 restantes ya han rebasado la fecha límite fijada por Bruselas.
CUATRO DÉCADAS Y CASI 7.000 NORMAS EUROPEAS
Desde su adhesión a la entonces Comunidad Europea en 1986, España ha incorporado 6.747 normas europeas a su ordenamiento jurídico, utilizando diferentes figuras legales y disposiciones de rango inferior a la ley. En el momento de la entrada, el país asumió de forma automática el acervo comunitario imprescindible para participar plenamente en la Unión y, desde entonces, ha ido integrando cada año nuevas iniciativas, desde el Acta Única Europea, que cimentó el mercado único, hasta las recientes leyes de Servicios Digitales y de Inteligencia Artificial.
A lo largo de estas cuatro décadas, han destacado normas que permiten vivir, desplazarse o trabajar en cualquier Estado miembro; las que refuerzan los derechos de los pasajeros aéreos; las que eliminaron los recargos por utilizar el móvil en otros países de la UE al suprimir el roaming; las que blindan la protección de datos personales; las que preservan el medio ambiente y la salud limitando los plásticos de un solo uso; o las que impulsan la igualdad.
Según ha explicado en la rueda de prensa la periodista especializada en la Unión Europea Leonor Pérez, durante las primeras legislaturas se aprobaron leyes para asentar los pilares de la futura UE y el merado único; en las siguientes, las directrices para lograr una moneda única europea; la quinta y sexta legislatura europea se centró en los derechos de los consumidores y de la ciudadanía; en la séptima se enfocó más en los derechos sanitarios y la protección de datos; la octava, en seguridad; la novena, sobre regulaciones ambientales y nuevas tecnologías, y la legislatura presente se centró en la industria de defensa europea y la ómnibus sobre simplificación legislativa.
Por último, la directora de la Oficina del Parlamento Europea en España ha reconocido que debido a la fragmentación parlamentaria en la mayoría de los países de la Unión es “cada vez más difícil” realizar las trasposiciones de las iniciativas comunitarias, por lo que ha llamado a explicar a la ciudadanía que España también ejerce su soberanía cuando legisla y llega a acuerdos en Europa.