España llega con calma al examen que la OTAN realizará en enero para verificar que el país destina el 2% de su PIB a defensa y seguridad, y que avanza de forma adecuada hacia el cumplimiento de los objetivos de capacidades acordados en la cumbre de La Haya.
En esa cita, los aliados aceptaron la meta de alcanzar hasta el 5% del PIB en 2035 —un 3,5% para gasto estrictamente militar y un 1,5% adicional para inversiones vinculadas a seguridad—, aunque España rechazó esa cifra, considerándola “arbitrario”.
Tras las negociaciones, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, concedió a Madrid margen para diseñar su propia trayectoria de gasto, siempre que cumpla los compromisos de capacidades “en tiempo y forma, independientemente del porcentaje del PIB que ello suponga”.
El Gobierno español sostiene que dedicar en torno al 2,1% del PIB al presupuesto de Defensa garantiza una dotación “suficiente” para satisfacer las exigencias de capacidades militares. España suele enfatizar el logro de metas concretas más que los porcentajes globales, argumentando que la industria nacional tendría problemas para absorber de golpe volúmenes de inversión tan elevados.
Las necesidades militares españolas se concentran de forma notable en el ámbito naval, así como en capacidades logísticas, de infraestructuras y de movilidad militar. La OTAN, por su parte, recalca que los nuevos estándares solo se alcanzarán si se llega, al menos, al 3% del PIB, por lo que España debe mantener una senda de inversión al alza en defensa.
Mecanismos internos de control y próximas revisiones
En la cumbre de junio, la Alianza Atlántica acordó mecanismos internos de seguimiento para garantizar un aumento sostenido del gasto en defensa y seguridad por parte de los aliados y evitar que se repita lo ocurrido con el compromiso del 2% del PIB fijado en Gales en 2014, que muchos Estados miembros tardaron años en alcanzar.
Según indican fuentes del Ministerio de Defensa, España se someterá a esta evaluación a finales de enero. Antes de la cumbre de 2026, que se celebrará en Ankara en julio, está prevista una revisión interna del grado de cumplimiento de los objetivos de capacidades por parte de los aliados. Posteriormente, en 2029, ya con Donald Trump —principal impulsor del 5%— fuera de la Casa Blanca, se llevará a cabo otra evaluación general para decidir si se mantiene o no el listón del 5% del PIB.
Madrid ha dado por cumplido este año el compromiso asumido en 2014, tras la aprobación de un plan industrial de defensa dotado con 10.471 millones de euros. La OTAN ya estimaba en agosto que España alcanzaba el objetivo fijado en Gales. Por ese motivo, el Gobierno encara la revisión sin inquietud y con la convicción de haber respondido a las demandas de los aliados.
Las mismas fuentes del Ministerio subrayan que los 10.471 millones se han ejecutado íntegramente en 2025. El plan de defensa incluye 31 programas especiales de modernización (PEM), que se suman a más de 50 ya en marcha, además de otras partidas vinculadas a las condiciones laborales de los militares y a los recursos necesarios para las misiones en el exterior.
Entre las iniciativas destacadas figuran la modernización del sistema de enseñanza integrado en vuelo y el desarrollo de un helicóptero ligero multipropósito para formación, dotados con 350 millones y 275 millones de euros, respectivamente. También se reservan 225 millones para la modernización de media vida de las fragatas de la clase “Álvaro de Bazán” y 200 millones para la maduración tecnológica de distintos paquetes de trabajo del programa NGWS, dentro del Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS).
Asimismo, se contemplan 200 millones de euros para un nuevo vehículo de cadenas multipropósito que sustituya al Transporte Oruga Acorazado (TOA) y cien millones para reemplazar el Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) “Patiño” mediante la construcción de una nueva unidad basada en el modelo del BAC “Cantabria”, entre otras actuaciones.