Este viernes, el Gobierno de España buscará en un encuentro con los ministros de la Unión Europea apoyo político para continuar con el análisis de su iniciativa que busca el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como idiomas oficiales de la UE. A pesar de varios intentos infructuosos que necesitaban la aprobación unánime de los socios, la medida no ha llegado a votarse por los 27 para su implementación.
Desde el acuerdo de agosto de 2023 con Junts para promover la oficialidad del catalán en la UE, condición para la investidura de Pedro Sánchez, la cuestión ha estado presente en seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE. Cuatro de estas reuniones se llevaron a cabo bajo la presidencia española, una bajo la presidencia de Bélgica y otra en mayo con Polonia.
En esta ocasión, el tema no se presenta como un ‘punto para adopción’, sino como un punto de debate, permitiendo al secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, pedir una votación de último momento si lo considera necesario.
El debate de mayo fue ‘duro’, según fuentes diplomáticas que hablaron con Europa Press, debido a que una decena de países expresaron reservas y Alemania se opuso directamente a la votación, cuestionando la falta de información.
Varias delegaciones han expresado que mantienen sus reservas porque ‘nada ha cambiado’ en relación con las respuestas a sus preguntas sobre las implicaciones legales, prácticas y financieras de un cambio en el reglamento de lenguas. Los servicios legales también expresan serias dudas y sugieren que podría necesitarse una reforma de los Tratados para consolidar su base legal.
Algunas delegaciones notan un cambio en la táctica del Gobierno al no insistir en una adopción inmediata, lo que consideran una señal de ‘apertura y pedagogía’, aunque destacan que se requiere un ‘trabajo preliminar exhaustivo’ que aún no se ha realizado a nivel de los 27.
Este cambio podría facilitar que la petición sea tomada más en serio, ya que no se insiste en votar una medida que está lejos de la unanimidad requerida; esto podría ayudar a determinar si hay una mayoría suficiente de Estados dispuestos a continuar explorando, por ejemplo, en grupos de trabajo o encargando evaluaciones de impacto a la Comisión y al Consejo.