QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este viernes, en un encuentro con ministros de la Unión Europea, el Gobierno español buscará apoyo político para seguir adelante con su propuesta de reconocer el catalán, el euskera y el gallego como idiomas oficiales de la UE, tras varios intentos sin éxito debido a que la medida necesita el apoyo unánime de todos los socios para su implementación.
Desde el acuerdo de agosto de 2023 con Junts, que estableció la defensa de la oficialidad del catalán en la UE como requisito para la investidura de Pedro Sánchez, la propuesta ha estado presente en seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE, incluyendo cuatro durante la presidencia española. En esta ocasión, el tema se discutirá no como un ‘punto para adopción’ sino como un tema de debate, lo que permite al secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, pedir una votación de último minuto si lo considera necesario.
El debate en mayo fue ‘duro’, como indican fuentes diplomáticas a Europa Press, con Alemania expresando abiertamente su oposición. Varias delegaciones han reiterado sus reservas, citando la falta de respuestas a preguntas sobre las implicaciones legales, prácticas y financieras de tal cambio.
Ante la falta de progreso en el análisis en grupos de trabajo, España ha optado por buscar acuerdos bilaterales directamente con las capitales. Algunas delegaciones ven esto como un cambio de estrategia, interpretándolo como un signo de ‘apertura y pedagogía’, aunque subrayan que aún se necesita un ‘trabajo preliminar exhaustivo’.
Esta nueva táctica puede facilitar que la solicitud se tome más en serio, dado que no insiste en una votación inmediata sobre una medida que está lejos de alcanzar unanimidad, lo que podría permitir evaluar si existe una mayoría suficiente de Estados dispuestos a seguir explorando la propuesta, como en grupos de trabajo o solicitando evaluaciones de impacto a la Comisión y al Consejo.
La semana del encuentro, además, los presidentes de Cataluña y País Vasco han incrementado la presión con una carta enviada a los ministerios de Exteriores de los 27, reclamando ‘justicia lingüística’ para una iniciativa con ‘amplio respaldo social’, aunque el presidente de Galicia no se ha unido a esta iniciativa.
